Agredir a un agente: muchas veces menor sanción que una multa de tráfico

Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha puesto en evidencia el aumento de las agresiones a miembros de las fuerzas de seguridad en todo el país, con casos que también se han dado en Ceuta, frente a la derogación de la ley de seguridad ciudadana. Critica que en la mayoría de sentencias por agredir a un agente, “se condena al agresor con una sanción económica inferior a lo que cuesta una multa de aparcamiento”.

“Este sábado hemos visto cómo miles de policías y guardias civiles de toda España asistían a una manifestación en contra de la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana ya que entienden que, con los datos actuales proporcionados por el propio Ministerio del Interior, se observa un aumento desbocado en la comisión de delitos, prácticamente en todas sus tipologías”, denuncia la asociación.

“Aumentan las agresiones y atentados contra los agentes, además de una pérdida de respeto a sus actuaciones ante la falta de apoyo institucional y legislativo”, expone la asociación.

Según datos del Defensor del Pueblo, en 2021 fueron más de 14.500 las condenas a ciudadanos por resistencia o desobediencia y delitos de atentado contra la autoridad y sus agentes, mientras que la media de los últimos años no supera las 12.000, lo que representa un aumento del 20%, a falta de cerrar los datos de 2022, que parecen afianzar esta dinámica ascendente.

“Venimos observando un aumento considerable de estos hechos delictivos, probablemente como consecuencia de la paulatina pérdida de autoridad policial de los agentes, al rebajar la presunción de veracidad de estos frente a los criminales y la falta de respeto y menosprecio, por parte de ciertos sectores de la sociedad. Resulta clamorosa la impunidad con la que actúan los delincuentes al verse en muchos casos amparados por superioridad numérica y por la soledad de la patrulla ante la tardanza de refuerzos”.

Merma de efectivos en el Instituto Armado

Desde hace unos años y con la última oferta de empleo público (OEP) 2022 para el Cuerpo, de 1.671 plazas, (420 menos que en 2021), la Guardia Civil viene sufriendo una merma de efectivos que repercute en menor presencia en las demarcaciones, más grave si cabe, en las zonas interiores y diseminadas.

La aplicación del Código Penal ante episodios de violencia se traduce en pequeñas multas para los autores, incluso menores que las de seguridad vial y las estadísticas demuestran cómo el castigo penal resulta insuficiente para contener los crecientes ataques a estos funcionarios.

Desde IGC entienden que la Administración debe hacerse eco de tales episodios y piden que se sensibilice en la necesidad de revertir esta situación, otorgando a los policías la consideración de autoridad y ampliando las escasas plantillas y el refuerzo policial en las calles, “no derogando la actual ley de seguridad ciudadana, en detrimento del amparo de los agentes en las actuaciones policiales, evitando así la sensación de impunidad en la que vive el delincuente”.

“Necesitamos mayor apoyo institucional y legislativo para defender a quienes tienen la obligación de proteger”, concluyen.