Agentes de Asuntos Internos de la Guardia Civil, denunciados

Un guardia civil que fue acusado de blanqueo y que terminó absuelto denuncia a los autores del informe que le sentó en el banquillo y que fue duramente criticado por la Audiencia

Cuando el 29 de mayo de 2015 el agente de la Guardia Civil I.C.R. y su esposa Dolores C.C. recibieron la notificación de la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta pudieron poner, por fin, el punto y final a una pesadilla que había comenzado años atrás, en 2010, cuando agentes de Asuntos Internos de la Benemérita (SAIGC) les acusaron de la comisión de un delito de blanqueo de capitales.
La unidad del Instituto Armado siempre había estado obsesionada con la Compañía Fiscal y en aquella ocasión desplegó todos sus operativos para llevarse por delante a este agente al que llegó a vincular con una organización criminal que se dedicaría a  introducir droga en la península, aprovechándose de su trabajo en el embarque ya que, como mecánico, se dedicaba al registro de los vehículos. Tras varias sesiones de juicio oral, el castillo de naipes que había levantado el SAIGC se desmoronó en el mismo momento en que los supuestos hechos probados no eran tales y los cálculos económicos de supuestas ganancias con origen irregular tampoco. El tribunal de la Sección VI emitió una sentencia demoledora en la que dejó auténticas ‘perlas’ dirigidas a los investigadores, cuyo informe económico, dijeron los magistrados, “adolecía de falta de rigor en su elaboración, dado el error aritmético en la cuantificación del pretendido incremento patrimonial, lo que en ningún caso pudo entenderse como simple errata, sino más bien un error importante cuando se halla en juego una condena penal”.
¿A qué error se refería el tribunal? A que según Asuntos Internos, el agente y su esposa habrían ideado una maquinaria perfecta que dio pie a un incremento patrimonial de 93.940 euros cuando la cifra real era 57.000, y en cinco años.
La Audiencia denunció la “falta de objetividad” del informe, “contraria a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal” al “cargar las tintas de forma inadecuada y perjudicial para los intereses de los acusados en determinados aspectos que ya de por sí la propia lectura del informe conducía a su exclusión como inferencia del blanqueo”.
Falta absoluta de valor probatorio, investigaciones basadas en testigos que quedan desacreditados, seguimientos a los que se les añade el calificativo de exhaustivos que después no lo son tanto... el varapalo dado por el máximo órgano judicial en la ciudad fue una manera de responder a lo que se vendió como una relevante operación mediática que terminó con un carpetazo judicial con reprimenda incluida.
Ahora, un año después de esta respuesta, el matrimonio ha decidido presentar denuncia ante el Juzgado de Valdemoro contra los agentes de Asuntos Internos que elaboraron el nefasto informe. Lo hace acusándoles de un presunto delito de falsedad documental cometido por autoridad o funcionario público, delito que puede ser castigado con entre 3 y 6 años de prisión amén de inhabilitación y que contempla, entre sus fundamentos, el haber incurrido en una simulación de documento de manera que induzca a error o faltar a la verdad en la narración de hechos, entre otros.
La investigación contra el agente y su esposa se inició tras una denuncia de la Policía Nacional que dio pie a la incoación de unas diligencias previas que terminaron sobreseídas por el número 6, al considerar que no había resultado justificada la perpetración de delito alguno. No obstante Asuntos Internos continuó con otra investigación paralela, llegando a elaborarse un atestado firmado por los agentes ahora denunciados que terminó, de nuevo, en el juzgado provocando la reapertura de un caso que ya había sido archivado de manera provisional. El SAIGC veía lo que la propia Policía Nacional había cerrado sin conclusión alguna.
En la denuncia a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se hace constar que dicho atestado concluyó “de forma muy sospechosa” afirmando que el agente “había participado en la aprehensión de una importante cantidad de hachís 45 ahoras antes de su horario oficial de servicio, extremo éste que en lugar de ser valorado como una actuación merecedora de felicitación, resultó criminalizado por el SAIGC, quien tras diferentes cábalas y análisis de patrimonio terminó elevando un falso atestado sobre la presunta comisión de un delito de blanqueo del agente junto a su esposa”, reseña. Interceptar droga se penaba, hasta el punto de llevar a conclusiones empecinadas.

El atestado que terminó fuertemente criticado por el tribunal de la Audiencia venía a dibujar al agente y a su mujer como personas “vinculadas al entorno del narcotráfico”, haciendo hincapié en los supuestos gastos superiores a los ingresos justificados o cifrando éstos en una cantidad que, se demostró, era errónea. “Dicho atestado incluía una serie de cálculos erróneos y carentes del más mínimo rigor técnico, pese a lo cual fue elevado, efectuándose una serie de imputaciones infundadas”, añade la denuncia, llegando hasta la fase final, la considerada estelar, que no es otra que la celebración de un juicio.
Y es que en el informe en cuestión se llegó a catalogar como sospechosas una serie de transferencias cuando, tras las comprobaciones efectuadas con posterioridad, se verificó que procedían de organismos oficiales.
Las acusaciones de Asuntos Internos llegaron al punto de aludir la existencia de indicios que, curiosamente, nunca fueron demostrados. La propia Audiencia recordó en la sentencia que adelantó este periódico que en ninguna de las diligencias practicadas se reflejó la más mínima relación, entrevista o encuentro entre el guardia civil y supuestos narcotraficantes investigados también en esta trama. Solo se demostró un hecho: que el agente de la Guardia Civil, cumpliendo con su deber, había decomisado droga, lo que se encargó de criminalizar el SAIGC. “Con este bagaje probatorio, resulta absolutamente inviable redactar unos hechos probados tal y como se proponen en el escrito de acusación que, además, adolece de una inadecuada generalidad”, llegó a valorar el tribunal de la Audiencia.
A pesar de lo argumentado por Asuntos Internos en sus informes, nunca se llegó a constatar vínculo alguno del agente y su esposa con grupos relacionados con el tráfico de drogas, ni tampoco un incremento patrimonial injustificado.
En la denuncia presentada se alude a que “las cifras económicas reflejadas en el informe de Asuntos Internos fueron manipuladas y engordadas para dar la apariencia en el agente y su familia de unos ingresos muy superiores a los que percibía por su trabajo. Se produjo además una acusación dolosa en el sentido de pretender que el guardia civil formaría parte de una mafia que apoyaba uno de los cárteles rivales cuando constaba acreditado en la causa y en las diligencias policiales que incluso había detenido a miembros de uno y otro cártel”, añade.
Los afectados quieren llegar hasta el final, después de cinco años de acusaciones, portadas en prensa, tratamientos médicos y una familia destrozada por la situación generada. Consideran que todo lo que ha ocurrido “acredita que por parte de los funcionarios denunciados se produjo presuntamente una manipulación dolosa, ocultamiento y falseamiento de los datos conocidos por los agentes de Asuntos Internos y de las cifras constatadas en su informe, que son engordadas para provocar la reapertura de la causa y propiciar el injusto procesamiento del matrimonio, que no se habría producido sin dicha manipulación o subsidiariamente una actuación gravemente imprudente que desembocó en la falsedad del atestado elevado, causando graves daños a los denunciantes”. Otro agente espera la celebración del juicio por el mismo operativo La detención de dos agentes de la Guardia Civil por parte de Asuntos Internos en el año 2010 terminó convirtiéndose en portada de todos los medios de comunicación locales, trascendiendo además ese protagonismo a los nacionales. El procedimiento judicial seguido emprendió camino por separado. El agente protagonista de esta denuncia quedó absuelto en sentencia firme, ahora queda por celebrar el juicio para el otro guardia civil detenido y acusado en esencia de los mismos delitos. Esta misma semana estaba prevista la celebración de la vista oral para la que la Audiencia había reservado varias jornadas, pero la falta de práctica de prueba presentada por la Defensa forzó a su suspensión.