Un agente de la Guardia Civil ya retirado permanece ‘atrincherado’ en su pabellón, en Ceuta. Hasta la fecha no lo ha desalojado y desde la Comandancia del Instituto Armado se confirma a El Faro que ya se han iniciado “todos los procedimientos necesarios para instarle al desalojo”.
“Al haberlo recurrido el interesado”, añade la Comandancia en la versión oficial solicitada por este periódico, “ahora mismo se encuentra inmerso en un procedimiento judicial”.
Este es el único caso al que, de momento, se enfrenta la Comandancia de la Guardia Civil que choca con un agente receloso a terminar con la ocupación de uno de los pabellones oficiales, precisamente uno muy singular por su ubicación próxima al vallado.
No obstante, su historia abre el melón de un asunto que levanta ampollas en el Cuerpo y que ha llevado a que familiares de guardias civiles reclamen que se aplique un control tanto sobre la ocupación de los pabellones como sobre su uso.
Ese caso concreto del agente ‘atrincherado’ derivará en una respuesta judicial, pero termina poniendo el foco en la ley de pabellones y la tardanza en nuevas adjudicaciones a guardias civiles que necesitan de esa vivienda.
Hay guardias civiles que esperan ocupar un pabellón y no pueden. En este caso concreto, se perjudica directamente al siguiente adjudicatario que no puede entrar y que debe estar abonando un alquiler.
Los usos de pabellones
Las directrices actuales pasan por la reforma de pabellones para que sean compartidos entre guardias civiles. Hay viviendas sin ocupar, pero que tienen adjudicatarios, mientras hay componentes del Instituto Armado que esperan poder ocupar uno.
Saltarse a la torera unas mínimas normas de respeto causa perjuicios a familias que esperan poder acceder a uno de ellos.
No se puede hacer nada ante esa situación porque la ley lo permite, salvo que la misma varíe y obligue a la ocupación del pabellón por parte de su legítimo morador o fije un alquiler simbólico.
El número ajustado de pabellones lleva a soportar largos tiempos de espera para poder ocupar una de esas viviendas a quienes las solicitan. Las familias de guardias civiles que no pueden optar a uno de ellos reclaman un mayor control y celo sobre el uso de los mismos.
La Comandancia de la Guardia Civil es la que recibe la solicitud de pabellón, cuando uno queda libre solicitan la documentación necesaria y cuando se revisa que la vivienda está en condiciones y apta para ser habitable se entrega.
El uso indebido de pabellones está prohibido, también se regula la ocupación de los mismos y, si se detecta la comisión de infracciones, es obligación de la Comandancia de la Guardia Civil actuar.
Uso indebido de los pabellones y lo que recoge la ley
El uso indebido de los pabellones de la Guardia Civil conlleva consecuencias administrativas y penales. La Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil recoge que esos pabellones deben ser empleados exclusivamente como residencia habitual, estando prohibido el subarriendo, uso lucrativo o utilizarlas como segunda residencia
La asignación se realiza mediante un baremo oficial que tiene en cuenta el empleo, la antigüedad en el cuerpo y las circunstancias familiares. En el caso de los que tienen que ser desalojados, si el ocupante se niega a hacerlo de manera voluntaria y ha transcurrido el tiempo dado para ello, actúa la Dirección General de Personal.
Investigaciones y polémicas
La ocupación de pabellones deja históricas polémicas, como cuando en el año 2012 se denunció el uso indebido de los mismos y la Comandancia abrió una investigación interna que terminó con una denuncia por haberse podido vulnerar los derechos a la intimidad.
Todo ello por haberse solicitado a Acemsa datos personales de los contratos hechos por familias para conocer los consumos de agua, lo que podría haber vulnerado su intimidad.
