Los ministros del Interior y los delegados del Gobierno se van sucediendo, pero ninguno ha hecho nada por proteger la seguridad personal, profesional y jurídica de los
guardias civiles en Ceuta y Melilla. En vísperas de elecciones vienen a visitarnos políticos de todos los colores y se llevan las manos a la cabeza al conocer -aunque ya lo sabían- la situación de total desprotección de los guardias civiles que se juegan la vida en la frontera, pero ningún gobierno ha tenido la valentía y honestidad de acabar con esta desprotección.
Una desprotección jurídica “total” porque no existía un protocolo claro de actuación. Han ido parcheando el protocolo cada vez que se ponía en duda la legalidad de las actuaciones, pero mientras tanto, los que sufrían la debilidad de esa línea divisoria entre lo legal o irregular eran los guardias civiles -mandos o no- que se juegan el sueldo en cada una de las actuaciones. De nada valen los guiños y muestras de apoyo de los responsables políticos, porque los jueces no entienden de guiños y no se dejan engatusar con discursos estériles.
La Asociación Española de Guardias Civiles lleva años denunciando la falta de medios y la desprotección personal, profesional y jurídica de los guardias civiles. Hemos denunciado que en los asaltos nos encontramos desprotegidos ante la agresividad de algunos grupos de inmigrantes. Hemos denunciado que unos pocos guardias tienen que hacer frente a inmigrantes armados con palos y todo tipo de artilugios. Hemos denunciado falta de medios para protegernos en estos asaltos. Hemos denunciado la prohibición de utilizar material antidisturbios. Hemos denunciado la falta de claridad en los protocolos de actuación.
Esta semana El Faro de Ceuta publicaba un informe de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Guardia Civil en el que reconocen y valoran la necesidad de “modificar el actual diseño de la valla fronteriza, teniendo en cuenta el grado de organización, agresividad y violencia empleada por los inmigrantes”. Han hecho suyas nuestras quejas y reconocen que estaban justificadas. En definitiva, que los que denunciábamos la falta de seguridad y la necesidad de protegernos no éramos tan malos, ni nos inventábamos nada, porque nuestras quejas estaban justificadas. AEGC es una asociación profesional leal y responsable con los guardias civiles y con la Guardia Civil. Este informe viene a cambiar muchas cosas, entre otras, poder señalar con nombres y apellidos a los responsables de las lesiones que sufran los guardias civiles en los asaltos, porque la delegada del Gobierno y el ministro del Interior tienen la obligación de poner los medios técnicos, físicos y humanos en la frontera para que los guardias civiles estén protegidos en el ejercicio de sus funciones profesionales.
El informe no deja lugar a dudas, “insuficiencias de medios materiales y humanos para responder adecuadamente a un asalto” y “una infraestructura de contención inadecuado -valla-”. La recomendación tampoco deja lugar a dudas, porque el Servicio de Prevención de Riesgo Laborales es muy claro y recomienda “modificar el actual diseño de la valla por el grado de agresividad y organización de estos grupos” y reconocen que se pone en peligro la vida de los guardias civiles.
Esperamos que este duro informe del Servicio de Prevención haga reflexionar a la Dirección General de la Guardia Civil y, de una vez por todas, aumente la plantilla en 200 guardias civiles. No necesitamos que se desplacen GRS cuyo coste mensual puede oscilar en unos 150.000 euros al mes. AEGC viene reclamando la creación de una Usecic en Ceuta y Melilla, porque ya está bien de parcheos en temas de seguridad. La delegada del Gobierno debe tomar nota, y tomar nota no es leer el artículo y meterlo en un cajón. No debe hacerlo, porque vamos a llevar a los tribunales las lesiones que sufran los guardias civiles por falta de personal y medios preventivos.