A la fuerza obligan. Aquí y, en general, en el resto de las Administraciones de España. La Ciudad Autónoma de Ceuta, cinco años después de regular el teletrabajo, se ha visto empujada por las restricciones a la movilidad que ha traído consigo el estado de alarma del
coronavirus a implantar de verdad herramientas para permitir a sus empleados hacer su labor sin necesidad de acudir a la oficina.
Aunque, por razones de seguridad, desde la
institución se procura dar el menor número de detalles concretos posible, el Área de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (TSI) ya está “posibilitando el acceso a las aplicaciones de la Ciudad de diferentes maneras”.
Por un lado se han adquirido 50 licencias de “un software que da posibilidad de acceso a escritorios” y por otro “estamos utilizando otros tipos de acceso a aplicaciones concretas: a firmadores vía móvil, correo electrónico vía web, etcétera”, han detallado las fuentes de la Administración consultadas por este periódico.
El TSI ha recibido “una lista de funcionarios” que tendrá la posibilidad de disponer de esas herramientas, que según fuentes sindicales se reparte “a razón de siete u ocho trabajadores por cada consejería”, muy pocos si se comparan con los 850 funcionarios y cerca de 300 ‘laborales’ que recogen las listas de personal activo de la Administración incluidas en el Presupuesto de 2020.
El Gobierno de la Ciudad reguló a finales de 2015 con un Decreto la opción de “posibilitar a los empleados públicos la prestación de sus servicios en la modalidad no presencial mediante la fórmula de teletrabajo” excluyen do expresamente a aquellos con funciones sanitarias o docentes, a los que hacen tareas reservadas para con habilitación de carácter nacional, a los que no utilizan ningún tipo de herramienta informática y a los que están “en puestos de trabajo relacionados con servicios cuya prestación efectiva solamente queda plenamente garantizada con la presencia física del empleado público en el centro de trabajo”. Desde entonces, poco o nada se avanzó.
No obstante, la Ciudad no ha sido la única atropellada en este ámbito por la crisis de la COVID-19. Los borradores del Decreto del Estado de Alarma preveían que los empleadores, “tanto públicos como privados”, quedarían “obligados a facilitar medidas que permitan la prestación laboral o funcionarial de los empleados por medios no presenciales siempre que ello sea posible”, pero el texto publicado en el BOE no recogió ese requerimiento porque prácticamente cualquier trabajo con ordenador es posible hacerlo de una forma remota con la inversión adecuada, notable si se hubiera impuesto.
Trabajo no presencial y condiciones
La Ciudad Autónoma considera teletrabajo “la modalidad de prestación de servicios de carácter no presencial, basada en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, que posibilita que los empleados públicos puedan realizar parte de su jornada laboral desde su domicilio particular”. Su jornada ordinaria quedó establecida en treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo, aunque se previó que “en el caso de que el empleado público realice una jornada flexible o partida” se aplicaría ese cómputo “a la franja horaria que corresponda”. En todo caso, la decisión que se adoptase debería ser “consensuada entre los responsables de cada unidad administrativa y los teletrabajadores”. La Administración debía “proveer de los servicios técnicos adecuados al empleado público teletrabajador para que pueda realizar el trabajo desde su domicilio” y el teletrabajador, “los medios técnicos necesarios como ordenador, línea de conexión a Internet ADSL, teléfono o similares”.