Adjudicatarios de la ‘lista fantasma’ insisten en defender sus derechos

Las personas afectadas por la publicación de la ‘lista fantasma’ de adjudicatarios de las 317 viviendas de Loma Colmenar siguen realizando todo tipo de acciones para reivindicar sus derechos.

Ayer una veintena de ellos se presentó en el pleno de la Asamblea y durante los treinta minutos que duró la sesión y las juntas generales de las sociedades permanecieron en total silencio y luego adujeron que confiaban en que hubieran podido hablar con algún miembro del Gobierno, circunstancia que no fue posible. Con quien sí estuvieron departiendo por espacio de más de veinte minutos fue con la portavoz de Movimiento para la Dignidad y Ciudadanía (MDyC), Fatima Hamed, que estaba acompañada por los otros dos miembros de su grupo parlamentario.
Algunos de ellos volvieron a señalar que tenían noticias de que había personas que habían pagado por la obtención de las casas de Loma Colmenar, contestando la diputada Hamed que ella también había escuchado los rumores y que si le traían alguna prueba sería la primera persona que acudiría a la Fiscalía o al Juzgado a presentar la oportuna denuncia. Una señora, que había acudido en representación de su hermana, que era una de las que habían aparecido en la ‘lista fantasma’, indicó que toda esa filtración se había producido porque el antiguo viceconsejero de la Vivienda, Antonio López, no había figurado en las listas del Partido Popular y que todo venía como consecuencia de una vendeta política, no entendiendo lo que ella consideraba como un problema interno dentro de la formación que apoya al Gobierno del presidente Vivas.
Otra de las mujeres presentes le hizo entrega de documentación a la diputada quien invitó a los afectados que tuvieran algún tipo de papel donde se señalara que estaban pendientes de algún desahucio lo entregaran en la oficina de su grupo parlamentario. Igualmente, hubo quien se mostró apesadumbrada porque lleva más de quince años viviendo en una casa que está casi en ruinas y que nunca había tenido oportunidad de aparecer en una lista de Emvicesa.

Explicaciones
Lo cierto es que allí siguieron esta veintena de personas afectadas contando sus casos, tanto a la diputada Hamed como a sus compañeros del Movimiento para la Dignidad y la Ciudadanía e igualmente a los medios de comunicación.
Lo que si dijeron de manera muy clara todos estos afectados por las viviendas de Loma Colmenar es que continuarían defendiendo sus derechos en todos los lugares donde les fuera posible ya que aclaran que si esa lista ha salido de la Empresa Municipal de la Vivienda es porque han estado trabajando con ella los técnicos de la sociedad, a la vez que igualmente indicaron que algunos de ellos ya habían sido llamados por teléfono.

Los partidos aportarán este viernes sus ideas para adjudicar las viviendas de Loma Colmenar

Tal y como estaba previsto en la mañana de ayer se constituyó el Consejo de Administración de Emvicesa y a continuación se produjo la primera reunión de la Comisión Local de la Vivienda, donde como se podía esperar el tema de la adjudicación de las viviendas de Loma Colmenar ocupó casi toda la reunión. Por parte del Gobierno se había llevado una propuesta, de manera que se quería preservar las casas para los convenios urbanísticos que están acordados entre los que se encuentran los de Escuelas Prácticas, Príncipe, Almadraba y unas pocas familias que quedan de las de Miramar-Chorrillo. Y luego estaba respetar los cupos para minusválidos y mujeres víctimas de violencias de género.
El resto se deseaba que fueran por sorteo dentro de las familias que están acogidas al programa de alojamiento alternativo cuyo responsabilidad recae sobre Asuntos Sociales. Por parte de los partidos de la oposición se mostraron de acuerdo en cuanto al respeto para los convenios urbanísticos que están firmados, pero se defendió que no todas las viviendas restantes se quedaran para quienes están acogidos al programa de alojamiento alternativo.
De todas maneras, por parte del nuevo presidente del Consejo de Administración, Néstor García León, se dejó bien claro que el Ejecutivo defendía que el expediente se iba a iniciar de cero. De todas formas, ante el interés que existe desde el ejecutivo de Vivas de que existiera consenso en el nuevo proceso abierto para este viernes habrá una nueva Comisión Local de la Vivienda donde todas las formaciones políticas se han comprometido a llevar sus ideas.

La denuncia, en el juzgado número 3

La denuncia presentada por la Ciudad Autónoma hace una semana, para exponer la situación de caos generada por la filtración de la ‘lista fantasma’ sobre la adjudicación de las 317 VPO de Loma Colmenar, ha recaído en el juzgado de instrucción número 3. Será ahora su magistrado titular el que determine los pasos que vaya a seguir en torno a un asunto sobre el que ni la propia Ciudad Autónoma tiene claro lo que ha sucedido. De hecho, la portavoz del Grupo Popular, Susana Román, reconocía a los periodistas que los servicios jurídicos de la Ciudad tan solo habían presentado al juzgado una relación cronológica de hechos sobre lo ocurrido. No tienen claro de qué delito se trata pero sí que algo irregular ha sucedido para que 317 nombres aparezcan en una lista y que esa relación termine publicada en un medio de comunicación como si fuera oficial y como si ésta hubiera sido elaborada y aprobada por Emvicesa.
La ‘patata caliente’ recae en el juzgado número 3 que tiene por delante una serie de actores con ganas de hablar: un exviceconsejero al que todos señalan como sospechoso y con quien el propio Gobierno evita tener contactos, funcionarios de Emvicesa que han reconocido a la propia Román que efectuaron llamadas a supuestos adjudicatarios por orden de Antonio López, ciudadanos que denuncian supuestas entregas de dinero y ventas de viviendas pero que todavía no han acudido al juzgado para plasmar esos rumores en denuncias formales... y un Gobierno que quiere que se aclare lo que ha terminado por dar pie a la primera crisis de la recién inaugurada legislatura.
La pelota recae en un juzgado que, en base a lo expuesto, tendrá que decidir los pasos que puede dar, si iniciar un proceso llamando a declarar a las partes que estime oportunas o si no aprecia qué delito hay y opta por archivar.
El proceso judicial comienza a andar por un sendero distinto al iniciado por una clase política que está de acuerdo en iniciar una comisión de investigación y que incluso ha ordenado a sus técnicos la realización de un informe sobre el funcionamiento de Emvicesa para determinar, de entrada, qué ha podido suceder para que se estuviera llamando a los elegidos sin filtro oficial para firmar los contratos y hacerse con las llaves de las casas.
Y al margen de todo este entuerto, la caja fuerte que Juan Vivas tiene en su despacho de Presidencia continúa acogiendo las 317 llaves de las 317 VPO por las que se pelean los miles de demandantes de vivienda registrados.

Kissy Chandiramani fue elegida gerente de Emvicesa y contó con el único voto en contra de Caballas

La antigua consejera de Juventud y Deportes, y hasta ahora máxima responsable del Parque Marítimo del Mediterráneo, Kissy Chandiramani, fue elegida ayer como directora gerente de Emvicesa, puesto que estaba vacante desde que Antonio López tuvo que dimitir para ser diputado en la Asamblea. Por su lado, el grupo Caballas se ha mostrado inflexible en el Consejo de Administración la sociedad con este nombramiento. Caballas no entiende que los méritos aportados por el PP para nombrar a los diferentes gerentes de las empresas municipales sea la filiación al PP o “la colocación de un amigo en el tablero de los cargos de designación política”.
“No es de recibo que, tras el escándalo de las viviendas de Loma Colmenar, se proceda a nombrar sin criterio alguno a una persona cuyo único mérito en este ámbito es ser del PP. Se reproducen los errores del pasado, y lo peor aún, se mofan de una ciudadanía que ha demostrado estar muy indignada. Desde Caballas hemos exigido que el nuevo/a Gerente de EMVICESA debía ser un empleado público con la suficiente cualificación técnica en el área para poder gestionar con eficacia y éxito una empresa que se encuentra ahora en el ojo del huracán”.
Caballas apuesta por la profesionalización (se demuestre al menos 5 años de experiencia en el sector) de estos puestos como elemento garantista de transparencia y saber hacer en la gestión pública. “Se pretende la objetividad por encima de la discrecionalidad. En definitiva, se pretende dar respuesta a las demandas ciudadanas y poner luz y taquígrafo en una empresa envuelta en el ostracismo estos últimos años”.
No obstante, el Gobierno ha mantenido su criterio, aprobando el nombramiento con el único voto en contra de Caballas.