“Para la adjudicación de las 170 viviendas protegidas [de Loma Colmenar] no se realizó ninguna selección de personas, por lo que se interpreta que no se puede identificar a ninguna persona que participara como técnico”. Así respondió la actual consejera de Asuntos Sociales, Adela Nieto, al requerimiento judicial sobre la promoción que se ha convertido en el verdadero meollo del ‘caso Emvicesa’.
Hace apenas un mes, a mediados de marzo, la jefa de servicio de Asuntos Sociales desde 1989, Josefina Castillo, prestó declaración en sede judicial y arrojó más sombras sobre cómo se adjudicaban las viviendas de promoción pública, según su versión “sin tener en cuenta” a ese departamento.
“Alguna vez, puntualmente, Emvicesa ha pedido información, en la última promoción, la de 317, para la buena, no para la ‘fantasma”, aseguró.
Castillo certificó que “técnicamente” no participó “en ninguna promoción en el tema de la baremación”. “No ha participado ni ha baremado a personas que se hayan encontrado en especial situación de desamparo en ninguna promoción. Considera que deberían haber tenido participación pero no ha sido así”, consta en la testifical recogida en el sumario del proceso.
Más aún, según Castillo “no le consta haber firmado y registrado ninguna lista de posibles adjudicatarios para presentarla en la Comisión Local de la Vivienda” e incluso “desconoce cómo han adjudicado las viviendas por el cupo de Servicios Sociales y quién barema la lista”.
La jefa de servicio “desconocía” que hubiese cupos para Asuntos Sociales en las promociones de viviendas públicas y atención, “cuando estuvo la UDYCO y le presentó un listado y estuvieron comprobándolo, había personas que ni siquiera se encontraban en Asuntos Sociales y habían resultado como adjudicatarios”.
De acuerdo con sus explicaciones, “en el tema de adjudicación de vivienda nunca hemos tenido nada que ver, ha sido la Consejería de Vivienda y Emvicesa” pese a que “Fomento no puede consultar el listado de usuarios de Servicios Sociales ni al revés”.
Para contrastar su versión también se citó a Victoria Eugenia Hernández y a Ángel Miguel de Dios, personal de la Consejería que ratificó que nunca había participado en la selección de personal para adjudicar VPO salvo en las 317 tras la VPO. “No sabe”, relata la declaración del último, “quién ha metido a la gente de la promoción 170 y es una de las grandes preguntas que se han hecho porque 30 no constaban ni en la base de datos”.
LAS CLAVES
Familiares
Los allegados a consejeros en el punto de mira
La investigación del ‘caso Emvicesa’ puso la lupa sobre cómo han sido adjudicatarios de viviendas en las promociones de Loma Colmenar distintos allegados a políticos de Gobierno y oposición, tanto en las 170 VPO como en la promoción de 225.
Inexplicable
Decenas de adjudicatarios incluidos sin justificación
Un trabajador de Asuntos Sociales aseguró “no saber” cómo se pudieron entregar “cerca de 30” casas de la promoción anexa al Hospital Universitario a personas que “ni siquiera estaban registrados en la base de datos”, así como de qué manera se podía justificar su inclusión en la reserva (cupo) de Asuntos Sociales.
Sorpresa
“Desayuno” con la ‘lista fantasma’
“Muchos” usuarios venían, de acuerdo con las testificales de trabajadores de Servicios Sociales, “rebotados de Emvicesa porque los derivaban pero nunca se les ha hecho un informe social, solo se les hacía un certificado de que eran usuarios si realmente lo eran”. “He oído muchas veces que las casas se vendían”, se declaró.
“El fin de semana antes” de publicarse la ‘lista fantasma’ de las 317 VPO de Loma Colmenar, los trabajadores de Asuntos Sociales, “concretamente el viernes”, se reunieron con la entonces consejera del área, Rabea Mohamed, para “ver si iban a hacer algún trabajo para la promoción”. Cuando pasaron los días de descanso, el lunes, “desayunaron con la ‘lista fantasma’, manifestando Rabea que Antoñito se la había jugado”, según se recoge en la declaración judicial de uno de los empleados de Servicios Sociales.
A preguntas de la Fiscalía, uno de los testigos citados dijo que “desconocía” si en los listados de adjudicatarios de la promoción de 170 casas o en la posterior “falsa” de 317 “había un cupo”.
“Los técnicos de Servicios Sociales no hicieron ninguna lista ni se la entregaron a Rabea” y “comprobaron a través del periódico que en la de 170 había usuarios que estaban cobrando ayuda al alquiler para poder retirársela”.
En la de 225 “también hubo personas que cobraban ayuda al alquiler”, algo que comprobaron igualmente en la prensa.
Las testificales recogen testimonios como que “en la promoción de 170 no había ni bases y no hubo proceso”. “La consejera no les dijo cuál era el proceso ni los criterios objetivos” en ese caso y “no le consta [al trabajador de Servicios Sociales] que se hubiese hecho una lista por los técnicos”. Es más, “nunca” se hizo ninguna y jamás se baremó ni se hizo una relación de demandantes. “Si va a la Comisión de Vivienda tiene que ir una lista con las 500 familias y en el supuesto de que se hubiese hecho la consejera lo defendió muy mal”, opinó ante la jueza.
Otra trabajadora ratificó que en la Consejería “no han baremado porque en ningún momento les han dado criterios ni las bases en las que hacer la baremación”.
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