El cartel que exhibe el escaparate del nº 9 de la calle Real vaticinaba la desaparición del edificio cuya planta baja albergó el mítico establecimiento ‘Comercial Africana’. La sociedad propietaria del inmueble ha contratado a una empresa local para efectuar su derribo ya que el bloque fue declarado en estado de ruina en 2012 por la entonces Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
El catálogo de Patrimonio Cultural de Ceuta recoge esta construcción como edificio de interés cultural con un nivel 2 de protección, según el Título X del vigente Plan General de Ordenación Urbana de 1992 (PGOU). A pesar de esa medida de conservación, su demolición es inminente, como confirmaron desde la empresa encargada de estos trabajos y se desprende de la instalación de andamios en los últimos días.
La asociación Septem Nostra solicitó formalmente hasta en dos ocasiones el expediente del edificio por su valor como parte del patrimonio arquitectónico local. Sin embargo, la Ciudad Autónoma nunca proporcionó esta información a la entidad, como reprochó su presidente, José Manuel Pérez Rivera.
Los proteccionistas interpretaron este silencio administrativo como demostración de la “falta de transparencia” por parte del Gobierno autonómico que pone de manifiesto que “no protege lo suficiente los edificios históricos de Ceuta”. A pesar de los mecanismos presentes en la normativa, Pérez Rivera percibe “vaguedades” en su aplicación e “incongruencias” en el catálogo de edificios históricos porque, como denunció de forma pública, ya son demasiados las ‘agresiones’ al “paisaje urbanístico” que suponen una “merma en su calidad”.
Cuatro años después del decreto de ruina, y tras una extensa tramitación recogida en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, esta pérdida patrimonial está más cerca que nunca. Septem Nostra sospecha que detrás del nº 9 de la calle Real, al igual que en casos anteriores, se esconde una “operación de especulación urbanística”. Hasta el momento, los implicados en la demolición del inmueble desconocen si está en marcha algún proyecto futuro de promoción en el solar resultante. Pero no son pocos los que han consultado sobre esta posibilidad, según confirmaron a este periódico.
El deterioro de numerosos inmuebles del centro urbano es evidente. La falta de mantenimiento deriva en la aparición de patologías que, con el tiempo, solo empeoran. Un desgaste que es inherente al paso de los años pero que también puede utilizarse como táctica para la declaración de ruina de la edificación, el derribo y posterior levantamiento de vivienda nueva en una ciudad que, por sus características geográficas, adolece de suelo urbanizable. Una artimaña que no ha tenido por qué producirse en el nº 9 de la Calle Real.
Para dar una adecuada respuesta a la necesidad de velar por el buen estado del parque inmobiliario protegido, los ayuntamientos españoles implantan la denominada Inspección Técnica de Edificación, explicó Pérez Rivera. Un examen que han de pasar los edificios en función de su año de construcción para acreditar su grado de seguridad constructiva. Septem Nostra ya propuso en sus alegaciones al nuevo PGOU su incorporación y, por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista recordó a finales del año pasado la aprobación en Pleno de crear una Ordenanza Municipal de Inspección Técnica de Edificios. Los socialistas criticaron que el Gobierno “no ha hecho nada al respecto”.
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