Adiós al CES de Ceuta

La próxima semana está previsto que se celebre el último pleno del Consejo Económico y Social de Ceuta. A partir de ahí las únicas funciones que tendrá serán las de gestionar su desaparición. Con esta medida, el Gobierno de la Ciudad nos dice que ahorrará unos 150.000 euros (tras rectificar el cálculo anterior de 300.000 euros). Aprovechando la crisis económica, que los conservadores europeos están prolongando artificialmente (es lo que sostienen reputados economistas y políticos), eliminan un órgano de participación de los agentes económicos y sociales en la política socioeconómica y laboral local.
La Constitución Española incluye dentro de sus principios constitucionales la obligación de los poderes públicos de promover y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Consecuencia de ello, en el año 1991 se creó el Consejo Económico y Social de España. La idea era, además de cumplir el anterior mandato constitucional, que sirviera de plataforma institucional permanente de diálogo y deliberación de los agentes sociales. Se respondía así a la legítima aspiración de los agentes económicos y sociales de que sus opiniones y planteamientos se oyeran a la hora de adoptar decisiones que afectaran a sus intereses. Por ello, su función principal ha sido y es la de emitir de informes y dictámenes sobre las Leyes y normas que se van a aprobar, y también la de elaborar estudios sobre distintas materias que sean de interés.
De la misma forma, a nivel autonómico en su día se crearon organismos de similares características al nacional, con funciones circunscritas a su ámbito territorial. En Ceuta se constituyó en 1996, al amparo de las facultades autoorganizativas y de las competencias sobre fomento del desarrollo económico de la Ciudad, que su Estatuto de Autonomía contemplaba. En la actualidad, sin más planteamiento que el puramente economicista, y sin otra justificación que la política de austeridad, se decide dar cerrojazo a un organismo que, hasta el momento, estaba cumpliendo con dignidad sus funciones. Por tanto, lo primero que hemos de preguntarnos es si su existencia era o no necesaria. Y si la respuesta es afirmativa, plantearnos si su función puede ser desempeñada por una sociedad municipal como PROCESA, que trabaja bajo las órdenes del Presidente de la Ciudad, y por un órgano como la Mesa por la Economía, cuya existencia también depende de la decisión del gobierno local, tal y como se sostiene por parte de las autoridades ceutíes.
La respuesta a la primera pregunta la da la propia Constitución Española. Por tanto, cuestionarnos la obligación de los poderes públicos de fomentar la participación de los agentes sociales en aquellas cuestiones que les afecten, está fuera de lugar, salvo que nos planteemos cambiar la Carta Magna en este punto. Cuestión distinta es la opinión que se tenga acerca de la mayor o menor utilidad de los informes que dicho organismo emite. Aquí encontraremos discrepancias de todo tipo. Por ejemplo, unos pensarán que el informe que emite el CES sobre los Presupuestos de la Ciudad no sirve para gran cosa. Para otros, el hecho de que los agentes sociales puedan emitir su opinión es lo importante y a veces influye más de lo que parece. Yo me incluyo entre los segundos. De la misma forma, algunos de los estudios que se realizan, aunque aparentemente no tengan una repercusión a corto plazo, al menos son el reflejo del sentir de una gran parte de la ciudadanía, aunque expresado de forma más técnica. Esto, en sí mismo, es fundamental en una sociedad democrática. Para mí han sido de utilidad muchos de los dictámenes emitidos a lo largo de los años, y sus datos me han servido de fuente de consulta para otros estudios posteriores. También me han ayudado a obtener una imagen bastante fiel de la sociedad ceutí. En este sentido considero que fue un acierto del Presidente del CES de Ceuta, la línea de colaboración con la Universidad de Granada que en su día emprendió. Yo he tenido el honor de participar en la elaboración de algunos de estos informes técnicos, los cuales se han realizado respetando el rigor que se exige a los trabajos de investigación en las Ciencias sociales y a un precio muy inferior al que se ha tenido que pagar cuando los mismos han sido encargados a consultoras privadas. Cierto es que cuando esta colaboración se comenzó, la opinión de algún cargo académico de la Universidad fue de escepticismo, al considerar que con ello lo único que el CES hacía era desentenderse del trabajo al que estaban obligados, encomendándoselo a profesores de la institución. Una anécdota aislada, más propia de personas envidiosas y de limitada capacidad intelectual, que del espíritu investigador y de deseo de transferir el conocimiento a la sociedad, que ha de impregnar la actividad universitaria.
Por tanto, en una sociedad democrática como la nuestra, la existencia de un órgano como el Consejo Económico y Social es fundamental. Pretender que sus funciones sean asumidas por una empresa municipal dependiente del gobierno local, o por una Mesa por la Economía, que no existe más que en la mente calenturienta de determinados políticos locales, es reírse del ciudadano y de los agentes sociales. Es el objetivo de todo dictador. Controlarlo absolutamente todo y eliminar aquellos elementos que puedan actuar con cierta independencia. Pero no es algo exclusivo del poder político. Ocurre hasta en las instituciones universitarias.