Adaptar, acatar y aceptar

No, no pretendo dar una lección de gramática con estos tres verbos transitivos, ni mucho menos de lingüística. Más allá del mero uso instructivo del lenguaje, mi intención será utilizar la enorme riqueza de nuestra lengua para poner los puntos sobre las íes en un tema muy espinoso, asunto que lleva enquistado más de veinte años en nuestro país.

Corría el año 2001, cuando el máximo órgano de gobierno del Parlamento europeo, la Comisión Europea, instó al gobierno español de entonces a adaptar una Directiva Europea de obligado cumplimiento a nuestro ordenamiento jurídico, concretamente la Directiva 1999/70 de duración determinada en los puestos de trabajo. Tres años después, el gobierno de aquella época la adaptó a la empresa privada, donde tras tres años de desempeño en un puesto de trabajo, o te despiden o te hacen indefinido en tal o cual empresa. Sin embargo, la misma administración que cumplió con ese requisito en el ámbito privado, no hizo lo mismo en el público del que es máximo responsable. Pasados 24 años, seguimos en la misma tesitura. Ninguno de los sucesivos gobiernos desde entonces hasta la fecha, han hecho el mínimo esfuerzo ni dedicado un minuto de su tiempo por cumplir con esa Directiva y por lo tanto, por adaptarla a nuestra legislación.

En el 2012 y a instancias de un conocido bufete de abogados de nuestro país, saltó la liebre: una compañera del ámbito sanitario denunció su situación de desamparo legal ante la Comisión Europea, y ante el máximo órgano de jurisdicción europeo, el TJUE. Desde entonces hasta ahora, se han ido sumando decenas, centenas y miles de demandas de trabajadores del sector público contra una situación tan injusta como infame, una total indefensión de su situación laboral ante la concatenación sucesiva de contratos de interinidad día a día, mes a mes o año a año.

Aquí, en nuestra ciudad, en el año 2018 un grupo de personas responsables, preocupadas y comprometidas con su labor y con sus compañeros interinos, iniciaron la andadura de la asociación PIDOCE, o plataforma de

docentes interinos de Ceuta, con la adhesión de otro grupo en Melilla, actualmente PIDOMEL. Dichas personas, a pesar de su esfuerzo e intento de explicar la situación al colectivo, se vieron ninguneados, insultados y despreciados por aquellos, que supuestamente, son sus representantes sindicales, unos sindicatos más preocupados por sus intereses espurios y apoyados por unas academias y preparadores de oposiciones que se dedicaron a faltar a la verdad.

Hace unos años, Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda y Administraciones Públicas del PP, se vio presionado por la Comisión Europea para dar salida y solución a un problema que, ya fue solucionado satisfactoriamente en otros países con una problemática similar (Italia, Grecia y Portugal). De aquella indicación europea, surgió una reunión con los sindicatos de clase UGT, CCOO y CSIF para abordar la problemática. El resultado, un acuerdo por el que se vendió que a los interinos se les haría fijos sin opositar. Aquello fue un bombazo vendido como tal por los medios de comunicación, cuando evidentemente era falaz y resultó una trampa para el colectivo.

Aquellas noticias llegaron a Europa, que no tardó en percatarse de que se trataba de un bulo para engañar a la opinión pública y a los directamente interesados. Posteriormente, se denunció la situación ante el TJUE, que tras varias sentencias favorables a los afectados (más de un millón a día de hoy) obligó a la Comisión Europea a multar a España por su incumplimiento. El verbo acatar, gran desconocido para la clase política y sus acólitos sindicatos, es un verbo que sólo cumplen cuando les interesa. De aquella multa surgió la ley 20/2021 de medidas para la reducción de la temporalidad en el sector público, una ley insuficiente e ineficaz para solucionar el problema, como ha declarado la propia UE. De aquella ley se convocaron y siguen convocándose hasta el 31 de diciembre, unas oposiciones por acceso libre en la que, en el ámbito educativo, han vendido como de “estabilización”. Otra mentira, puesto que se debió tratar de estabilizar a las personas afectadas, y no las plazas que ocupan como han hecho.

Ni el gobierno de coalición actual ni los sindicatos tampoco han aceptado las reglas del juego europeo, pues las Directivas están por encima de las propias Constituciones de los países de la Unión. Eso sí, son artistas de la manipulación diciendo lo contrario.

Por último, y como guinda al pastel del despropósito y la desvergüenza, en una maniobra de un cinismo absoluto, la Junta de personal docente, ha instado a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Ceuta a convocar oposiciones al Cuerpo de Maestros para el próximo año, tras la reciente convocatoria de este 2024. El argumento: que se van a convocar también en Andalucía y con ello se evitaría un efecto llamada más que probable. Se les olvida que no se van a convocar ya en casi ninguna CCAA más, con lo que ese efecto llamada, se traduciría en una más que posible avalancha de aspirantes de otras partes del país. Esto conllevaría también el colapso de las listas de interinidad, pues los opositores de otras Comunidades Autónomas se pueden traer la nota de esa Comunidad para Ceuta, además de su tiempo de servicio para ingresar en las listas de Ceuta y cómo no, también en las de Melilla.

Y en esas estamos a día de hoy. O el colectivo se moviliza mostrando su más profunda repulsa a todo esto, incluido el rechazo de la clase política y sindical a la demanda de fijeza como sanción al abuso, como propone el TJUE, o estamos muertos. Allá cada uno con su conciencia personal.

Un ciudadano interino hastiado