La Ciudad quiere restar unos 250.000 euros de cada una de las últimas certificaciones de limpieza
Los controles “más exhaustivos”, según la terminología utilizada anteayer por el presidente Vivas, ordenados por Emilio Carreira en verano primero y continuados por Fernando Ramos después, han detectado que en la prestación del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos se viene registrando desde junio un 20% menos de trabajo realizado con respecto a lo contratado.
La factura mensual de
Trace ronda los 1,25 millones de euros pero en los recibos de junio y julio se ha prescrito una rebaja de 225.600 y 230.980 euros, respectivamente, porque “se ha considerado que se han dejado de prestar un 20% de los servicios”. Según las fuentes consultadas por este periódico, al menos en septiembre pero se supone que en agosto también ocurrió otro tanto de lo mismo.
Vivas aseguró el miércoles negándose a adjetivar el nivel de incumplimiento de la concesionaria que el asunto estaba en trámite de alegaciones por parte de la adjudicataria desde hace cuatro años y medio del servicio, que ya ha contestado.
En su escrito, la empresa se niega a cualquier detracción de dinero, reclama su derecho a defenderse hasta en los Juzgados si es necesario y advierte a los técnicos que firmen cualquier reducción en sus pagos de la “responsabilidad” en la que incurrirían.
La UTE Makerel-Lirola ha replicado al Gobierno negro sobre blanco en un texto rubricado por su representante que “la gestión del servicio es en modalidad de concesión y por un precio cierto”. Por lo tanto, a su juicio la Administración “no puede detraer importe alguno del precio pactado salvo en los supuestos específicamente indicados y siguiendo los procedimientos adecuados”. En concreto reclama que en todo caso se abra un expediente sancionador que sea notificado “a fin de no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva a la cual tenemos derecho”.
Según el argumentario de defensa de la concesionaria, esta “siempre ha estado a solicitud” de la Ciudad para cumplimentar los partes diarios “en debida forma” y que ha respondido a cualquier requerimiento sin que se recibiese reparo alguno “desde el inicio de la concesión”, en febrero del año 2013.
Trace ha recogido en su misiva, además, una advertencia expresa y explícita a “los técnicos firmantes” en el sentido de la “posible responsabilidad” en la que podrían incurrir “al detraer las mentadas cantidades siendo este un contrato de concesión y siendo el destino de los fondos en casi su totalidad para el pago a los trabajadores”.
“Esta parte”, concluye el escrito, “solicita procedan a modificar las certificaciones objeto del presente escrito y, conforme a ley, procedan al pago de la totalidad sin detracción alguna a la mayor brevedad posible”.
Para terminar, “suplica” a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad que “rectifique” las certificaciones 53 y 54 del contrato de gestión del servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos domésticos de Ceuta “emitiendo certificado sin detracción alguna”.
“Es justicia que se pide en la ciudad de Ceuta”, remacha.
El Gobierno, “cargándose de razones”
El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas ya aseguró en el último Pleno al abordar el tema de la gestión del servicio encargado da Trace que llevaba tiempo “cargándose de razones” para tomar las decisiones que correspondiesen con respecto a una prestación que, palabra de Ramos, ha hecho pasar a la ciudad de “ser una de las más limpias de España” a estar “muy sucia”. La Corporación acordó entonces darse dos meses para elaborar una auditoría del trabajo realizado desde febrero de 2013, cuando la UTE reemplazó a Urbaser. El Ejecutivo del PP siempre ha defendido que Trace hacía su trabajo, aunque Ramos innovó entonces alertando de que se ha pagado “a cuenta” y que no es tarde para ajustar posibles incumplimientos.