El Observatorio del Norte para los Derechos Humanos ha condenado la detención por parte de las autoridades marroquíes locales de varios inmigrantes del África subsahariana en un edificio abandonado y amenazado ante el peligro de derrumbe, no lejos de de Ceuta. Menos de 24 horas después de su informe sobre la retención de subsaharianos en esta construcción cercana a la ciudad autónoma, el Observatorio Norte de los Derechos Humanos anunció su clausura, según publica el medio de comunicación marroquí lakome2.com. Los propios activistas examinaron la supervisión que hicieron las autoridades sobre el cierre de las puertas con cemento.
En la carretera nacional entre Castillejos y Tánger
En un comunicado publicado en su perfil oficial de Facebook, esta organización reveló que un grupo de fuerzas auxiliares y la Real Gendarmería habían detenido a inmigrantes subsaharianos en un edificio deshabitado que está en ruinas en la carretera nacional, en la conexión entre las ciudades de Fnideq (Castillejos) y Tánger. El Observatorio de Derechos Humanos denunció la detención de inmigrantes en el edificio por las condiciones tan inhumanas en las que estaban alojados, a su juicio en completa violación de las leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos así como del derecho internacional que prohíbe la detención de personas en lugares que no están bajo el control de las autoridades judiciales.
Arrestados en los bosques cuando intentaban entrar en Ceuta
Esta ONG explicó que los subsaharianos fueron agrupados después de ser arrestados en los bosques que rodean el perímetro fronterizo de Ceuta mientras intentaban entrar de manera irregular en suelo español. Sin embargo, fueron detenidos en lo que llamaron un "sabotaje" en espera a la deportación al sur del reino alauí. El Observatorio agregó que las autoridades cerraron el edificio en 2017 tras otras queja emitida por esta misma organización en abril de aquel año, antes de que se reabriera con la consecuente violación de las obligaciones de Marruecos en materia de derechos humanos y en clara contradicción con la política de inmigración y asilo adoptada en 2013. Los legisladores culparon a las autoridades por la detención de los migrantes en un edificio que carece de las condiciones humanitarias mínimas.