Seis acusados, uno de ellos guardia civil, juzgados por tráfico de drogas

El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta dio inicio este miércoles a la celebración de un juicio con seis acusados por un delito de tráfico de drogas, uno de ellos agente de la Guardia Civil destinado en el control de las cámaras térmicas. En este primer día prestaron declaración tres agentes de la Benemérita en calidad de testigos. La causa se inició a raíz de una intervención llevada a cabo el 4 de mayo de 2018, con la aprehensión de casi 40 kilos de hachís y una moto de agua.

El primero en declarar fue un agente de la Guardia Civil que realizaba seguimiento con la cámara térmica. Indicó que sobre las 02:00 horas de ese 4 de mayo, apreció cómo una moto de agua venía “procedente de la Península norte” a gran velocidad conducida por una persona. Al ser una zona “caliente” por el pase de inmigrantes y de droga, según relató el agente, puso en aviso a una patrulla terrestre para que estuviera en alerta y le hicieran el seguimiento en tierra.

Asimismo, los dos agentes de la Guardia Civil que se encontraban patrullando esa noche coincidieron en la misma versión, aunque detallando cuál fue específicamente su trabajo para esclarecer los hechos ante las preguntas de la Fiscalía y de las distintas Defensas.

Por un lado, el primero de los agentes relató que sobre las 02:00 horas recibieron un aviso del COS indicando que una moto de agua iba en dirección a Benzú. Los agentes se colocaron entre Calamocarro y Punta Blanca hasta que, de nuevo, volvieron a recibir un aviso para que se pusieran en marcha y se trasladaran hasta la playa de Benzú, antes de que su compañero les perdiera la vista por las térmicas. Los agentes llegaron de inmediato a la playa y vieron cómo encallaba una moto y un individuo salía corriendo dirección a una casa de la zona. Hizo caso omiso a la orden de detención dada.

Los agentes empezaron a llamar a la puerta de la casa sin hallar respuesta alguna. Cuando regresaron a comprobar la moto de agua, uno de los agentes empezó a iluminar la casa donde se había introducido un individuo con un traje de neopreno. Tras poner el foco comprobaron, dijo, que había alguien en la azotea con dos bultos a las espaldas, sin que quisiera identificarse.

Ahí entró la intervención del tercer agente en declarar, que empezó a trepar por una reja y por la fachada del edificio. Al ver el individuo que el agente iba en su busca, soltó los bultos y empezó a bajar para huir, siendo alcanzado por el otro compañero, hallándole entre sus pertenencias un teléfono móvil. Los dos bultos resultaron ser mochilas con droga. En la azotea de la vivienda hallaron otros dos teléfonos más, es decir, tres en total.

Los agentes que permanecieron en la zona comprobaron la existencia de un coche estacionado al lado de la casa que se encontraba abierto y donde fue hallada una tarjeta médica que coincidía con los datos del detenido (A.L.M.), que además residía en esa casa.

Minutos más tarde, apareció una señora, que empezó a hablar con los agentes, momento que aprovecharon dos individuos para salir de la casa a la carrera sin que pudieran ser interceptados. Los agentes consideran que la mujer salió claramente para impedir que pudieran realizar su trabajo y favorecer la huida de los dos individuos.

En la sesión prevista para este jueves seguirán testificando más agentes de la Benemérita en calidad de testigos, además de los 6 acusados que figuran en este procedimiento que podrán dar su versión de lo acontecido.

Cuestiones previas

Se pide la nulidad del registro en la vivienda

Las Defensas lo solicitaron ya que, según explicaron, realizaron el registro sin contar con una orden judicial y no se estaba cometiendo, según sus criterios, un delito flagrante para que los agentes actuaran en la casa. Fiscalía en cambio explicó que se contó con claros indicios para ello.

Revisar el teléfono móvil para comprobar si los agentes lo utilizaron durante el registro

Fue solicitado al tribunal y contó con su aprobación. Se tratará de averiguar si los agentes utilizaron la aplicación WhatsApp de uno de los móviles requisados, ya que no contaban con autorización para hacerlo. La franja horaria que se analizará será desde las 03:00 hasta las 14:10 horas.

Fiscalía pidió la testifical de otro agente de la Guardia Civil

El Ministerio Público solicitó la presencia de otro testigo y contó con la aprobación del tribunal. Se ha previsto otras dos sesiones para estas prácticas.

Fiscalía pide, inicialmente, penas de entre 6 y 9 años de cárcel para los acusados

La vista de este jueves contará con la declaración de cada uno de los seis acusados presentes en la causa, que se enfrentan a penas de entre 6 y 9 años de cárcel, de acuerdo con la calificación provisional del Ministerio Fiscal. Entre los seis figura un componente de la Guardia Civil, que se enfrenta a 7 años de condena. Para la Acusación es evidente que se está ante una trama en la que todos funcionaban para llevar a cabo labores de alijo de drogas, posterior distribución y comercialización, contando con la ‘protección’ de un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A las Defensas les tocará negar la mayor y orientar los interrogatorios y sus posteriores informes a sostener todo lo contrario.

Del hallazgo e intervención de los casi 40 kilos de hachís intervenidos por la Guardia Civil en mayo de 2018 se ha derivado este operativo que, tras meses de investigación, llevó a la practica de varias detenciones por parte de la Policía Judicial. Aquella jornada del 4 de mayo se intervino la moto de agua en la playa de Benzú y la droga, repartida en 71 bloques, que fue escondida en una vivienda. Sostiene la Fiscalía que su morador, el acusado A.L.M., el único que sigue en prisión preventiva, estaba esperando esa mercancía y realizaba por tanto funciones de vigilancia, dando indicaciones al piloto de cómo proceder si era detectado por las cámaras del SIVE.

Esas indicaciones las conocía el acusado porque, a su vez, tal y como mantiene la Fiscalía en su escrito de calificación inicial, era instruido por el guardia civil M.Z.G., que prestaba servicio en las torres donde están las cámaras térmicas, controladas por los llamados ‘búhos’. En su escrito provisional el Ministerio Fiscal considera que el agente proporcionaba información y por tanto advirtió que la moto de agua con la droga había sido detectada por las cámaras, dando detalles sobre las matrículas de los coches de la Benemérita que disponen de este tipo de térmicas o los movimientos que hacía el helicóptero.

La investigación dio pie a la detención de los demás acusados en cadena: M.A.A., A.A.E.M., K.L.L. y M.A.M., después de varias intervenciones telefónicas y fruto de investigaciones que se llevaron a cabo con amparo judicial. De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, se considera que la droga habría sido adquirida por los acusados para su posterior venta y distribución. Los papeles que atribuye a quienes se sientan en el banquillo son la preparación y carga de la moto de agua ayudados de cinchas, la gestión de los pagos y cobros al proveedor de la mercancía gozando de la disposición de detalles para llevar a buen puerto los diferentes pases.

En el registro practicado en la vivienda del agente de la Guardia Civil, ubicada en la Península, fueron hallados 3.150 euros en efectivo, joyas, relojes y bienes que la Fiscalía relaciona con estas prácticas delictivas en cuanto a su obtención. Considera la Acusación que habían operado con anterioridad y hace constar que en abril de ese mismo año se desplegó un operativo similar sin que fueran interceptados por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Mantiene que los acusados están presuntamente vinculados con un delito contra la salud pública, concurriendo la agravante de reincidencia en el caso del único de los procesados que sigue en prisión. Las penas formuladas en el escrito de calificación inicial se elevan a 9 años para A.L.M., 7 para el componente de la Guardia Civil y seis para el resto, a lo que se suma la imposición de multas de más de 257.000 euros e inhabilitación.

Para las sesiones de juicio oral se ha solicitado que puedan escucharse las grabaciones de las intervenciones llevadas a cabo así como las comunicaciones mantenidas y que fueron interceptadas durante la investigación que estuvo protegida por el secreto de sumario dictado por el juzgado de instrucción número 5 de nuestra ciudad.