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Juzgado de lo Penal número 1 dejó visto para sentencia un juicio por un delito de falsificación de documentos sobre una embarcación contra M.Y. y B.J., quienes en agosto de este año fueron acusados por la Guardia Civil de falsificar los documentos sobre el modelo y el motor de la
embarcación para un uso inadecuado.
B.J. le vendió la embarcación el pasado mes de julio a M.Y., a través de un intermediario, por lo que en el juicio declararon no conocerse de nada, y que cuando adquirieron dicha embarcación desconocían que los papeles no concordaban ni con el modelo ni con el motor. Por esa embarcación M.Y. hizo un desembolso de 3.000 euros a B.J., pero una vez la
Guardia Civil interceptó la embarcación el seguro seguía perteneciendo a B.J., algo que no le cuadraba a los agentes, ni al fiscal por lo que sospechan que se conocían de antes y que esa compra fue para otras intenciones que no era la pesca submarina, motivo que indicó el acusado como fin por el que adquirió la embarcación.
En las declaraciones ante la juez tanto de M.Y. como B.J. afirmaron no conocerse de nada y que fue a través de un intermediario, que no ha sido citado para declarar, el que llevó todas las gestiones. Además alegaron que no tenían constancia alguna de que la embarcación no correspondía a la que aparecía en los papeles. La lancha que supuestamente adquirieron era de 6 metros de eslora, con un motor de 150 caballos, mientras que en realidad es una semirrígida de 6,20 metros de eslora con un motor de 250 caballos, algo no permitido. B.J, al ser preguntado por el fiscal sobre por qué seguía teniendo el seguro a su nombre cuando ya había vendido la embarcación, respondió que no le dio la más mínima importancia y que como tenía seguro pagado de un año pues seguiría así hasta que se cumpliese.
En el juicio acudió como testigo uno de los guardias civiles que se ratificó en todo momento sobre el atestado que había escrito. Además explicó que procedieron a investigar la embarcación tras un aviso de Capitanía Marítima de que podrían existir irregularidades. Para la Guardia Civil, queda demostrada esa falsedad documental para otros fines “ya que se puede comprobar a simple vista que el número de serie y el casco están manipulados”. Además para ratificar esa manipulación se pusieron en contacto con el fabricante, Yamaha, para que confirmara la manipulación del motor para más caballaje.
El fiscal encargado del caso pide tanto B.J. y M.Y. una condena por falsedad documental, explicando que existe incongruencia en las declaraciones y que los dos acusados sabían perfectamente el trato que estaban realizando y tenían constancia de que los papeles no pertenecían en absoluto a la embarcación.
Para los dos letrados que representan a la Defensa, los acusados deberían ser absueltos, ya que en ningún momento queda demostrado que para la compraventa de esa embarcación tenían que tener constancia de que los papeles estaban modificados y que podían haber sido engañados por los anteriores compradores.