Visto para sentencia quedó el procedimiento que sentó en el banquillo a A.A.H., H.A.A. y A.A.A. por un presunto delito de falsedad de documento público por el que el Ministerio Fiscal solicita para los acusados una pena de prisión de hasta dos años y el pago de una multa de 3.650 euros.
Tal y como se desarrolló en la vista oral celebrada este lunes en la Sala de lo Penal número 1, H.A.A. propietario de un vehículo que compró en 2009 en la Península, contrató los servicios de la gestoría donde trabaja A.A.H. para que le ayudara a obtener el certificado de la ITV, con la intermediación de A.A.A. que se identificó como su tío.
Según se extrae del escrito de acusación, los tres pretendían obtener este certificado a sabiendas de que el vehículo estaba aún a nombre de su propietario original, L.G.M., quien en el juicio testificó que su coche, en 2007, tuvo un accidente y fue declarado como siniestro total, recibiendo de su aseguradora una indemnización por el valor total del vehículo.
A raíz de ahí, este pensaba que se había dado de baja el coche, pero al tiempo empezó a recibir notificaciones de multas e impagos, sin tener aún respuesta de su aseguradora de lo que pudo suceder.
Por su parte, H.A.A., aseguró que compró el vehículo en 2009, contactando con el comprador, que identificó como Carlos, por internet y que fue a recogerlo hasta Alicante, firmando un contrato de compraventa que fue lo que mostró ante la ITV, ya que esta persona no llegó a entregarle los trámites del cambio de propietario y nunca más volvió a saber de él.
Las defensas de los tres acusados pidieron la libre absolución de todos ellos, mientras que la Acusación Particular y la Fiscalía mantienen la pena solicitada.