Los 9 subsaharianos acusados de agredir a la Guardia Civil en la valla, a juicio

El del 26 de julio de 2018 fue el salto más elevado que se recuerda en la valla de Ceuta. También el que dio pie a la conocida como Operación Yebala, ejecutada por la Guardia Civil en el CETI y que se saldó con diez subsaharianos detenidos, acusados de haber no solo organizado aquella entrada sino la posterior agresión a guardias civiles que custodiaban el vallado, de los que 22 cursaron baja. El próximo martes, cumplido un año de esa operación, el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta juzgará a las 9 personas que, finalmente, han terminado procesadas en esta causa. Nueve subsaharianos que están en el CETI se sentarán en el banquillo enfrentándose a penas de hasta 8 años de prisión para los considerados cabecillas de aquella entrada en la que la Guardia Civil denunció haber sido atacada con ácidos de baterías, piedras, sangre y bolas de heces.

Las Defensas de estos inmigrantes harán prevalecer su no vinculación con delito alguno, pero frente a sus tesis asoman las que no solo van a poner sobre la mesa la Fiscalía, sino también las asociaciones que representan los intereses de guardias civiles como es el caso de la Asociación Independiente de la Guardia Civil o la Abogacía del Estado.

La Fiscalía solicita para cada uno de ellos ocho años de cárcel, seis por un presunto delito de desórdenes públicos (o, subsidiariamente, cinco por uno de atentado) y dos más por otro de daños.

También propone que se les impongan dos meses de multa con una cuota diaria de 25 euros por doce delitos leves de lesiones y que hagan frente a idéntica cuantía durante un año y medio por el de daños. En el informe que presentó la Guardia Civil tras abrir una investigación sobre lo ocurrido, se recoge que sobre las 6.30 horas de ese 26 de julio, se materializó lo que fue una entrada “planificada” en la que se había preparado el empleo de instrumentos como piedras, espray, cizallas o lanzallamas que fueron recogidos en el perímetro fronterizo. A esto se le añadió la cal viva que causó lesiones de las que tuvieron que ser atendidos los agentes de la Benemérita en el Hospital.

Según el escrito de calificación inicial del Ministerio Fiscal, el grupo estaba dirigido por un líder que había sido exguerrillero, un lugarteniente y ocho jefes de grupo. Todos ellos negaron ser lo que dice la Guardia Civil, pero los agentes mantienen en el informe que dio pie a la Operación Yebala que aquello fue la escenificación de un plan “perfectamente organizado y coordinado bajo las órdenes de los acusados y dividido en tres subgrupos” cuyos jefes fueron los que “organizaron a las personas a las que dirigían a fin de que violentaran (con los instrumentos de que disponían, como cizallas y radiales eléctricas portátiles, facilitados por la organización) el vallado”. Una vez que iban accediendo a territorio español y “con ánimo de atentar contra el principio de autoridad y de alterar el orden y la paz social para facilitar la entrada del resto de personas que componían los subgrupos”, los procesados “dieron las directrices de utilizar la violencia contra los agentes de la Guardia Civil que cumplían funciones de vigilancia para así evitar que impidieran la entrada del resto de compañeros, utilizando de nuevo armas e instrumentos de carácter peligroso como lanzallamas caseros, palos, piedras, heces y productos abrasivos”.

En una entrevista concedida a este periódico por el supuesto líder, este negó el rol que le atribuye la Benemérita. Son dos tesis enfrentadas que se verán en la sesión de juicio oral que ha sido fijada por la Audiencia para el próximo 15 de octubre.

No solo se le tomará declaración a los procesados, sino también se contará con testificales de los guardias civiles, buena parte de ellos GRS, que estuvieron aquella madrugada en la valla. Como clave se escuchará a un testigo protegido que ofrecerá sus manifestaciones a través de videoconferencia para salvaguardar su identidad, a pesar de que se pidió durante la instrucción de la causa que pudiera conocerse su identidad ante las dudas de que las manifestaciones en contra de los procesados pudieran sostenerse en algún tipo de animadversión hacia los acusados. La Sala no lo ha permitido.

Es la primera vez que se juzga un caso de esta índole en Ceuta.