La instrucción por presuntos abusos de un exprofesor, a falta de auto final

La instrucción del caso abierto en noviembre del año pasado, cuando fue detenido un exprofesor del Colegio San Agustín previa denuncia de la familia de un alumno ya solo espera, según las partes consultadas por este periódico, el auto de procedimiento abreviado que ponga fin a las diligencias y dé pie a la formulación de solicitudes para la apertura de juicio oral o el archivo de las mismas.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil remitió en septiembre al Juzgado de Instrucción número 6 su informe sobre el contenido del teléfono de A.D.B., investigado por la comisión de presuntos delitos de corrupción de menores, tenencia de pornografía infantil y abusos sexuales. En noviembre se tomó declaración en calidad de testigos a algunos alumnos y exalumnos que todavía no habían testificado y que habrían incluso intercambiado dinero por vídeos de contenido sexual con el encartado.

El dictamen elaborado por los expertos de la Benemérita reflejó tras el análisis de un teléfono móvil, una tableta y dos ordenadores portátiles intervenidos que, en base a sus conversaciones de los últimos tres años, el docente entabló relaciones con fotografías o vídeos de contenido sexual de por medio con unos quince jóvenes “especiales”, como les denominaba, con entre 12 y 15 años, todos alumnos del colegio concertado, que prescindió de sus servicios en enero y en el que llevaba más de 30 años trabajando.

El Colegio San Agustín ha sido incorporado como acusado en calidad de posible responsable civil subsidiario a las diligencias. El profesor trabajó en situación de jubilación parcial hasta finales de enero, cuando el centro prescindió totalmente de sus servicios después de que la instructora, que inicialmente no había adoptado medidas cautelares, dictó una orden de alejamiento del colegio, que no era parte en el procedimiento y que la aplicó inmediatamente dándole de baja en la Seguridad Social.

En el caso de un extrabajador del Plan de Empleo (J.A.G., 51 años) que estaba trabajando en el CEIP Lope de Vega y que está en prisión provisional por un presunto delito de abusos sexuales, “el acusado ha cambiado de abogado y algo ha retrasado la causa”. “Cuando termine el plazo de instrucción la Audiencia deberá decir si lo remite para calificar”, indican fuentes judiciales.