La
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Comité René Cassin, Sociedad Humana, Asociación Pro Derechos Humanos, el Observatori DESC y Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, las seis entidades que están personadas en
la causa del 6F, han acordado
unificar en esta última la acusación popular a la espera de si el caso llega o no a juicio oral en función de los autos que dicte la Audiencia sobre la procedencia de la personación de familiares de las víctimas mortales de la tragedia del Tarajal (lo que tumbaría directamente la ‘Doctrina Botín’ que aplicó la instructora para dictar archivo) y sobre los recursos formulados por la Fiscalía y las defensas para que el sobreseimiento se base en que no hay pruebas para sentar en el banquillo a los guardias civiles investigados.
Según han informado fuentes conocedoras de la situación, las seis acusaciones populares han acordado que sea la letrada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández Vicens, la que lidere la acción demandante, tanto porque fue “la primera” que se personó en el proceso como por su capacidad y conocimiento profundo de las diligencias, en las que también ha representado a los allegados de varios fallecidos.
La Sección Sexta de
la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ratificó a mediados de mayo íntegramente el auto con el que hace algo más de un año la jueza instructora de la causa decidió “unificar” bajo la misma dirección letrada y representación procesal las acusaciones populares personadas en las diligencias abiertas por los hechos ocurridos en el espigón marítimo fronterizo sur de la ciudad autónoma el 6 de febrero de 2014,
cuando 15 migrantes murieron ahogados intentando entrar en territorio español.
En un auto consideró, en línea con la posición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que las dos entidades recurrentes (DESC y Coordinadora) no habían justificado “cuáles son los distintos puntos de vista en sus posiciones procesales y sustantivas que ponen de manifiesto las supuestas divergencias que les impedirían un adecuado ejercicio del derecho de defensa por mor de la obligada unificación”.
“Vemos con claridad, en la misma línea que la instructora, razones de riesgo de dilaciones indebidas, que se deducen de los propios argumentos de la primera entidad apelante”, pone de manifiesto la Audiencia, que considera asimismo que “la alegación de haber infringido la propia juez de Instrucción el principio que prohíbe ir contra los propios actos resulta insólita y carente de sentido”.
La causa del Tarajal
fue sobreseída por tercera vez el pasado 29 de octubre, apenas un mes después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta instase el procesamiento de 16 guardias civiles por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio.