Uno de los grandes problemas que venimos denunciando, es el desfase normativo que afecta a prácticamente todas las facetas del sistema educativo local. Las normas por las que nos regimos o están obsoletas (normas que existían antes de las transferencias, hace veinte años, y no ha sido derogadas) o sencillamente, no existen (cuando se trata de regular cosas nuevas incorporadas en las dos últimas décadas). Esta situación nos obliga a movernos siempre entre la precariedad, el apaño o la intuición ilustrada (habitualmente por la inspección). El origen de este grave problema vuelve a ser el hecho de que las competencias no estén transferidas y no dispongamos de la capacidad necesaria para elaborar y aprobar normas propias. La necesidad de aprobar leyes de ámbito nacional (a través del congreso) sólo aplicables en Ceuta y Melilla supone, en la práctica, un obstáculo que hasta ahora ha resultado insalvable. Es más que urgente resolver esta cuestión.
"Uno de los principales objetivos de estos nuevos reglamentos deber ser establecer en ellos, con rigor, las tareas de tipo administrativo que se le pueden asignar a los docentes"
Necesitamos Reglamentos nuevos, modernos, actualizados, que contemplen adecuadamente la casuística, cada vez más compleja, que se genera en el funcionamiento ordinario de los centros docentes. En concreto, y de manera urgente, sería necesario aprobar los REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE los Colegios de Infantil y Primaria, los Institutos de Educación Secundaria, el Centro Integrado de Formación Profesional, los Centros de Adultos, la Escuela Oficial de Idiomas y la Escuela de Arte.
Uno de los principales objetivos de estos nuevos reglamentos deber ser establecer en ellos, con rigor, las tareas de tipo administrativo que se le pueden asignar a los docentes.
De manera un tanto sorprendente, se está consolidando la idea equivocada de que es más importante evaluar al profesorado que al alumnado. La obsesiva intención de aplicar a la docencia los métodos de gestión del mundo empresarial está provocando que la labor cotidiana del profesorado se vea innecesariamente recargada de burocracia. Nos obligan a estar todo el día “rellenado papeles”. Se trata de documentos, estadillos, informes, memorias y otros de naturaleza similar, cuya única finalidad es justificar la existencia de cargos ministeriales tan innecesarios como los documentos que nos obligan a cumplimentar. La multiplicación irracional de las tareas administrativas a la que está sometiendo el MEFP al profesorado se está convirtiendo en un auténtico problema, aunque los responsables ministeriales se nieguen a reconocerlo. Nuestro trabajo está en el aula. Con nuestro alumnado. Programar al inicio del curso y evaluar al final forma parte de la lógica docente. Cualquier otra cosa no es más que una desnaturalización de nuestra profesión que debemos atajar urgentemente.
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