El magistrado titular de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha condenado a un hombre a 30 meses de prisión por quebrantar de forma continuada una orden de alejamiento y comunicación con su expareja, además de amenazarla y atentar contra su integridad moral.
El acusado, que compareció desde prisión por videoconferencia, reconoció los hechos y aceptó las penas.
La sentencia impone nueve meses de cárcel por el delito continuado de quebrantamiento de condena, seis meses por amenazas y otros 15 meses por un delito contra la integridad moral. Además, establece una prohibición de aproximación y comunicación con la víctima por cualquier medio durante tres años.
El condenado también deberá abonar 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Los hechos se produjeron pese a que el acusado conocía la vigencia de la orden judicial que le prohibía acercarse a su expareja y comunicarse con ella.
Llamadas y mensajes pese a la prohibición judicial
Según los hechos recogidos en la resolución, el hombre contactó telefónicamente con su expareja el 11 de julio de 2025, a pesar de tener vigente la prohibición de comunicación. Durante la llamada, le dijo que se encontraba en Madrid y que quería verla.
Días después, el 24 de julio de 2025, volvió a contactar con ella y le envió diez mensajes de audio. De acuerdo con la resolución, lo hizo con la intención de incumplir la orden judicial, humillarla e infundirle temor y desasosiego.
En las grabaciones, el acusado profirió insultos, amenazas de muerte y advertencias de violencia extrema. Entre otras expresiones, aseguró: “El día que te coja te voy a matar” y “donde te vea, te voy a atropellar”.
Amenazas de muerte y amenazas de quemarla
Los audios incluían también amenazas de prender fuego a la víctima, así como referencias a la posibilidad de utilizar gasolina. En uno de los mensajes, el hombre afirmó: “Lo único que quiero es que vengas a mí para matarte, quemarte con gasolina”.
Además de las amenazas contra su integridad física, los mensajes contenían insultos reiterados y expresiones vejatorias, dirigidas a menospreciarla y humillarla. El acusado también amenazó con difundir vídeos y afirmó que disponía de los contactos de personas de su entorno.
El contenido de las grabaciones refleja una sucesión de amenazas, humillaciones e intimidaciones que, según los hechos declarados probados en la resolución, se produjeron pese a la prohibición judicial de mantener cualquier tipo de contacto con la mujer.






