Los trabajadores acusan a la prisión de haber actuado a sus espaldas en la contratación
El transporte que va del centro de la ciudad al centro penitenciario de Fuerte Mendizábal sigue causando problemas a los trabajadores. Desde que se terminara el contrato con la anterior empresa concesionaria el pasado 31 de marzo, los funcionarios llevan dos días sin saber a ciencia cierta qué tipo de transporte les va a llevar ese día a la prisión.
El delegado de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones en Ceuta, José María Raya, relata que el sábado pasado, último día del contrato de la concesionaria del transporte, el propio conductor del autobús que día con día llevaba a los trabajadores a la prisión fue el que les comunicó que el domingo ya no se daría el servicio.
El domingo sólo habían 17 plazas disponibles para albergar a los funcionarios
Sin saber si tendrían forma de ir a trabajar el domingo, finalmente un autobús de 17 plazas llegó para dar el servicio, propiedad de la empresa de transportes Abila Tours.
La sorpresa no sólo fueron las escasas plazas con las que contaba la unidad, explica el delegado de la APFP, sino que apareció con un rótulo que indicaba que el transporte se dirigía a la nueva prisión.
“Somos objetivos terroristas”, reivindica el delegado, quien detalla que el transporte debería ser discreto. Tal y como han sabido, ya una vez efectuado el cambio de compañía, tras no llegar a acuerdo con la empresa Flandría, concesionaria que hacía el servicio, se determinó no renovar y contratar “el día de antes” a otra empresa, Abila Tours, para que empezara a dar este servicio a partir del domingo, 1 de abril. En los días previos al cambio del servicio, Raya se queja que fueron teniendo información a base de “rumorología”.
Acusa a la administración del centro penitenciario de falta de transparencia y de no haber informado a los funcionarios sobre el cambio de concesionaria.
Aunque la situación parece haberse normalizado ya, después de que ayer el autobús que dio el servicio sí se ajustase a las necesidades de los trabajadores, desde la APFP reiteran que el problema con el transporte ya viene desde antes de que se abriese la prisión y siempre se han manejado a espaldas delos trabajadores, que se iban enterando in situ de los cambios. Raya cuenta como la primera compañía que dio el servicio fue la empresa Hadu-Almadraba, para luego pasar a Flandria.
Sin embargo, a día de hoy, el delegado aún no ha encontrado en el portal de transparencia del centro el contrato con esta segunda compañía.
“En este tiempo que Flandria ha dado el servicio, yo no he encontrado ningún contrato público”. Asume que la administración se ha movido por cuestiones económicas y en un intento de reducir costes, ha procedido a cambiar de compañía en el último momento.
Aunque el servicio no se suprimiese en ningún momento, Raya recuerda que la comunicación con la prisión no es sólo un problema para los trabajadores, sino para los visitantes y familiares de los presos.
La distancia a la que se encuentra hace que sea de difícil acceso a pie y no hay líneas de servicio público para acceder. Considera que ha sido gracias a la presión de la APFP el motivo por el cual se ha normalizado el servicio para los trabajadores, pero insiste que la administración del centro no ha mostrado interés en ofrecer una solución a las comunicaciones entre Fuerte Mendizábal y la ciudad.
