El representante de Caballas en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, Juan Luis Aróstegui, se congratuló ayer porque el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Rodríguez, “mantiene la intención que ya había manifestado su antecesor [José Torrado] de atender nuestra solicitud de regular las cesiones de uso de concesiones al margen del interés público”.
“El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria ha transmitido a Caballas en nuestro primer encuentro su disposición a elaborar un paquete de normas mínimas al respecto para que sean objeto de debate y aprobación en el seno del Consejo de Administración”, explicó Aróstegui.
La coalición lleva años criticando que la institución consienta que concesiones a largo plazo por las que la Autoridad Portuaria recibe un determinado canon “se conviertan por la vía de la cesión de uso en un negocio especulativo para el titular original traspasando la disposición efectiva de la misma a un tercero, habitualmente una gran empresa”. La Administración no ve “ningún beneficio” de esas operaciones, el punto en el que radican los mayores reparos de Caballas al entender que se genera un lucro a costa de lo público.
Juan Luis Aróstegui: "Se está permitiendo un negocio especulativo con concesiones públicas"
“El fundamento normativo para permitir esas ‘cesiones’, que en otros puertos se limitan a lo que estrictamente se entiende como ‘cesión de uso’ de una nave o parcela entre empresas que desarrollan actividades o negocios”, amplió el también diputado localista, “es además muy débil porque se basa en que si una causa de rescisión es la cesión sin autorización, se entiende que implícitamente la Ley sí contempla permitirlas”.
En paralelo, Puertos del Estado advirtió el mes pasado a la Autoridad Portuaria de que, en caso de prosperar el expediente incoado por ‘Molina Genco’ para traspasarle su nave a DIA, el resultado deberá hacer frente a una doble tasa de actividad.
Por un lado, el concesionario, ‘Molina Genco’, debería pagar a las arcas públicas un porcentaje de la renta que facture, mientras que la cadena de supermercados tendría que hacer lo propio en función del volumen de sus ventas.
La Ley de Puertos establece que las modificaciones no sustanciales de una concesión portuaria solo requieren “informe previo del director de la Autoridad Portuaria” para que lo vote el Consejo de Administración. Tienen el carácter de “sustanciales” las que, entre otros requisitos, comportan cambios del objeto de la concesión, ampliación de la superficie en más de un 10%, del plazo de la concesión o de la ubicación...
