CCOO-Justicia ha presentado a la directora general de Relaciones con la Administración del ramo una hoja de ruta que recoge las reivindicaciones del sector, con la que exige el comienzo inmediato de las negociaciones.
“El anuncio de convocatoria de la mesa sectorial para este mismo mes de julio en la que se negociarán las convocatorias de las Ofertas de Empleo Público de 2017, 2018 y 2019 y el reconocimiento de la necesidad de avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo ha sido la respuesta de la representante del nuevo equipo del Ministerio de Justicia a las exigencias de CCOO”, explica el sindicato.
En la reunión celebrada esta semana la directora general mostró un talante favorable al inicio inmediato de negociaciones de la gran cantidad de asuntos que han quedado pendientes tras la salida del anterior gobierno y desde CCOO le transmitió que “esperamos que estas buenas intenciones se conviertan en hechos concretos”.
CCOO exige concreción inmediata de los aspectos más urgentes pues llevan pendientes muchos meses: recuperación de los 9 días de asuntos particulares, recuperación del 100% del salario en caso de IT, solución a las cotizaciones de la Seguridad Social, recuperación de la jornada laboral de 35 horas y recuperación del 50% de las plazas para la promoción interna, entre otros “que no pueden demorarse ni un minuto más”.
CCOO exige además el comienzo de las negociaciones para el incremento de las retribuciones, advirtiendo que, de no producirse, “nos veremos abocados a la convocatoria de movilizaciones contundentes en el próximo otoño”.
Todo apunta a que puede hacerse realidad la adaptación a la Administración de Justicia de los acuerdos en materia de empleo público alcanzados por CCOO, como sindicato mayoritario, en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
Entre otras reivindicaciones del sindicato destacan además la elevación de las prestaciones de la MUGEJU, el acuerdo definitivo para el Registro Civil, la revisión negociada de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal y de la implantación de las nuevas tecnologías y el expediente judicial electrónico, la creación de más juzgados donde las cargas de trabajo lo justifiquen, la retirada de la propuesta del modificación del art. 521 de la LOPJ manteniéndose los actuales centros de destino o la formación y especialización obligatoria en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
