Ambos polígonos presentan un recurso en el Contencioso por la sanción de 100.000 euros y/o cierre de las naves impuesta por la Delegación del Gobierno al negarse a contratar el plan de seguridad
Dos de los cuatro polígonos del Tarajal han presentado sendos escritos ante la Administración General del Estado en los que rechazan la sanción por no contratar un plan de seguridad privada y piden la suspensión de la multa hasta que esta cuestión no se resuelva judicialmente. Agotada la vía administrativa, Alborán y La Chimenea han interpuesto un recurso en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta y ahora se encuentran a la espera de la celebración de la vista, como informaron sus representantes legales, Mariano Garfias y Sidarta Rubio.
Los abogados fundamentan el recurso en que están hablando “de un sitio público como es un polígono y, entonces, no tiene ningún sentido que pongan o que obliguen a la empresarios a contratar una seguridad privada porque ya pagan impuestos y están al corriente de sus obligaciones como para que todo siga como siempre ha estado”. Los letrados de ambos polígonos niegan que exista “más peligro dentro del polígono que fuera”, consideran que la situación “está perjudicando a todas las empresas” y lamentan que “al final se ve afectada toda la ciudad de Ceuta”.
Los representantes legales de Alborán y La Chimenea no querían llegar a los tribunales como finalmente ha sido y, para ello, estuvieron estudiando el conflicto e intentando negociaciones hasta que, al comprobar que era “imposible”, se han visto obligados a acudir al Contencioso-administrativo. El despacho de abogados que les defiende sostiene que la Delegación del Gobierno en ningún caso les puede exigir que contraten seguridad privada en un lugar que, entiende, “es público porque están cedidas las calles a la administración pública”.
Cerrado hoy. El porteo se reanudará el próximo lunes tras el paréntesis por el puente festivo
La Delegación del Gobierno ordenó la incoación de un expediente sancionador por el incumplimiento de su orden de 11/04/2017, relativa a la elaboración de un plan de seguridad y a la designación de un coordinador de seguridad, proponiendo una sanción de 100.000 euros a cada una de las comunidades de propietarios y/o clausura de seis meses y un día de los establecimientos que conforman dichos polígonos, en referencia a Fase I, La Chimenea y Alborán.
La Administración requirió tanto a Alborán como a La Chimenea el pago de la multa, motivo por el cual sus representantes presentaron recientemente el escrito en el que han adjuntado como documento el justificante de presentación de la demanda interpuesta en el juzgado hace unas semanas. Una petición para que la sanción quede en suspenso que confían en que prospere en tanto en cuanto este conflicto no se resuelva judicialmente.
Sus abogados explican que se trata de “un sitio público donde no tiene sentido esta obligación”
Ese plan de seguridad, como precisó la Delegación del Gobierno, tan solo fue presentado por la Fase I y Fase II de los polígonos y remitido a la institución de la plaza de los Reyes para su autorización. Una vez revisado por los técnicos la autorización a la Fase II fue efectiva al verificarse las observaciones realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía en materia de seguridad privada. El organismo de la Administración General del Estado ha incidido siempre en la exigencia, como expresa la ley, de un plan de seguridad que garantice la integridad física de las personas que cada día acceden a estos recintos y circulan por su interior con independencia del tipo de mercancía que transporten.
El ‘Tarajal II’, el único paso habilitado para el tránsito a pie de mercancías de Ceuta a Marruecos, permanecerá cerrado este jueves con motivo del puente festivo por la Constitución y la Inmaculada, de modo que el porteo ya se reanudará el próximo lunes.
