Activistas saharauis denuncian torturas

Llaman poderosamente la atención unas declaraciones recientemente vertidas por varios individuos saharauis, en el sentido de que se estarían cometiendo en el antiguo Sahara Occidental español presuntas torturas que, según informan las propias fuentes denunciantes, consistirían en estarse llevando a cabo en dicho territorio colonial presuntas prácticas de tortura que, consistirían en palizas, asfixias, simulación de ahogamiento, violencia psicológica y sexual que serían algunas de las variadas técnicas de tortura utilizadas por las fuerzas de seguridad marroquíes para obtener “confesiones” de delitos o silenciar a activistas y sofocar la disidencia, según un nuevo informe emitido por Amnistía Internacional, que pondría de manifiesto la sombra de impunidad, que estaría en contradicción con la imagen liberal que presentaron los líderes de Marruecos cuando, en 2011, respondieron a los levantamientos populares de la región con la promesa de innumerables reformas progresistas y una nueva Constitución que prohibiese la tortura.

Según las mismas fuentes, “Los líderes de Marruecos presentan la imagen de un país liberal y que respeta los derechos humanos. Pero mientras se cierna sobre la detención y la disidencia la amenaza de la tortura, esa imagen será sólo un espejismo”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, que asevera: “Si se rasca la superficie aparece la tortura, que se utiliza para silenciar la protesta y que empaña las sentencias judiciales. Oponerse a la desigualdad o defender las propias creencias comporta el riesgo de ser víctima de violencia y tortura.”

Así, Abdelaziz Redaouia, franco-argelino de 34 años, declaró que los agentes lo habían torturado por negarse a firmar un informe de interrogatorio en el que se le incriminaba de delitos de drogas tras su detención en diciembre de 2013. Él explicó: “Me negué a firmar el informe de interrogatorio, así que me golpearon otra vez. Me engancharon la mejilla por dentro con una esposa y tiraron de ella como si quisieran atravesarme la piel.” Dijo que los agentes le sumergieron la cabeza en agua, le aplicaron descargas eléctricas en los genitales con una batería de automóvil y le golpearon en las plantas de los pies estando colgado.

En el informe se advierte también de una novedad alarmante: el uso de leyes que penalizan la “denuncia falsa” y la “calumnia”, para procesar a las presuntas víctimas de tortura que denuncian su caso. En los últimos 12 meses, las autoridades marroquíes han entablado ocho procesamientos, en aplicación de estas leyes, contra personas que han interpuesto denuncias de tortura. Según la legislación marroquí, la “denuncia falsa” puede penarse con hasta un año de prisión y una multa de alrededor de 500 dólares estadounidenses; y la “calumnia”, con hasta cinco años de cárcel. Mientras tanto, los tribunales pueden ordenar a los acusados pagar grandes sumas en concepto de indemnización por “calumnia” y “difamación”.

“Ahora bien, cuando escribo, procuro hacerlo con objetividad, seriedad y rigor. Y, en el supuesto de hecho que ahora estamos contemplando, si bien se nos refiere un ‘Informe’ de una organización sobre maltrato inhumano supuestamente emitido por Amnistía Internacional, cuya organización creo digna de la mayor fiabilidad, resulta que luego el mismo relatado es formulado por quienes dicen ser activistas saharauis, Salil Shetty y otros, cuyos prolíficos relatores parecen ser los mismos afectados quienes, a la vez, se erigen en denunciante”

En 2014, dos jóvenes activistas, Wafae Charaf y Oussama Housne, fueron declarados culpables de hacer “denuncias falsas” y de difamación y condenados a dos y tres años de prisión, respectivamente, tras haber denunciado que habían sufrido tortura. No habían identificado a los presuntos torturadores. Todo ello, según dichos activistas dicen que han denunciado ante Amnistía Internacional en un informe, que se basaría en 173 casos de presunta tortura y otros malos tratos infligidos por la policía y las fuerzas de seguridad a hombres, mujeres y menores de edad entre 2010 y 2014. Paras los denunciantes, los líderes de Marruecos presentan la imagen de un país liberal que respeta los derechos humanos. Pero “mientras se cierna sobre la detención y la disidencia la amenaza de la tortura, esa imagen será sólo un espejismo”. Entre las víctimas figurarían estudiantes, activistas políticos de filiación izquierdista o islamista, partidarios de la autodeterminación del Sáhara Occidental y presuntos terroristas y delincuentes comunes.

Dicho informe mostraría que existe riesgo de tortura desde el momento de la detención y durante todo el tiempo que la persona está bajo custodia policial. Con demasiada frecuencia, los tribunales hacen la vista gorda ante las denuncias y dictan sentencias empañadas por la tortura. A veces incluso se procesa por “calumnia” y “denuncia falsa” a quienes se atreven a denunciar y a pedir justicia. Sigue imperando la impunidad, pese a las promesas de las autoridades de hacer valer los derechos humanos. En el informe se documentan brutales técnicas de tortura utilizadas por las fuerzas de seguridad contra personas detenidas, como obligarlas a permanecer en posturas en tensión como la denominada el “pollo asado” o colgarlas por las muñecas y las rodillas de una barra de hierro.

"En 2014, dos jóvenes activistas fueron declarados culpables de hacer “denuncias falsas” y de difamación y condenados a dos y tres años de prisión, respectivamente, tras haber denunciado que habían sufrido tortura"

Al igual que otros saharauis, Mohamed Ali Saidi, de 27 años, explicó que “la policía lo había torturado bajo custodia tras detenerlo en relación con unas manifestaciones celebradas días antes, en mayo de 2013, en El Aaiún, Sáhara Occidental. Contó a Amnistía Internacional lo siguiente: Amenazaron con violarme con una botella; me pusieron la botella delante. Era una botella de Pom’s [popular refresco marroquí]. Me azotaron con cuerdas en las plantas de los pies estando colgado en la postura del pollo asado, y también nos metían los pies en agua helada […] Colgado en la postura del pollo asado me introdujeron una toalla en la boca y me echaron agua en la nariz para que me atragantara. Luego me echaron orines. Me dejaron en ropa interior, y me azotaron los muslos con cinturones. Colgado en la postura del pollo asado me introdujeron una toalla en la boca y me echaron agua en la nariz para que me atragantara. Luego me echaron orines. Me dejaron en ropa interior, y me azotaron los muslos con cinturones”.

Igualmente, Abdelaziz Redaouia, franco-argelino de 34 años, dijo que los agentes lo habían torturado por negarse a firmar un informe de interrogatorio en el que se incriminaba de delitos de drogas tras su detención en diciembre de 2013. Explicó: “Me negué a firmar el informe de interrogatorio, así que me golpearon otra vez. Me engancharon la mejilla por dentro con una esposa y tiraron de ella como si quisieran atravesarme la piel; que los agentes le sumergieron la cabeza en agua, le aplicaron descargas eléctricas en los genitales con una batería de automóvil y le golpearon en las plantas de los pies estando colgado.

En el informe se advierte también de una novedad alarmante: el uso de leyes que penalizan la “denuncia falsa” y la “calumnia”, para procesar a las presuntas víctimas de tortura que denuncian su caso. En los últimos 12 meses, las autoridades marroquíes han entablado ocho procesamientos, en aplicación de estas leyes, contra personas que han interpuesto denuncias de tortura. Según la legislación marroquí, la “denuncia falsa” puede penarse con hasta un año de prisión y una multa de alrededor de 500 dólares estadounidenses; y la “calumnia”, con hasta cinco años de cárcel. Mientras tanto, los tribunales pueden ordenar a los acusados pagar grandes sumas en concepto de indemnización por “calumnia” y “difamación”.

En 2014, dos jóvenes activistas, Wafae Charaf y Oussama Housne, fueron declarados culpables de hacer “denuncias falsas” y de difamación y condenados a dos y tres años de prisión, respectivamente, tras haber denunciado que habían sufrido torturas. No habían identificado a los presuntos torturadores. Cuatro de las personas llevadas a juicio por las autoridades marroquíes habían presentado denuncias ante tribunales franceses porque tenían doble nacionalidad o estaban casadas con ciudadanos franceses. Podría resultar imposible entablar este tipo de pleitos si el Parlamento francés aprueba una medida con la que se pretende poner fin a la competencia de los tribunales de Francia sobre abusos cometidos en Marruecos. Marruecos se encuentra en una encrucijada: puede tomar el camino de tener un sistema de justicia lo suficientemente sólido como enfrentarse a los responsables de abusos contra los derechos humanos o el de protegerlos.

“Marruecos se encuentra en una encrucijada: puede tomar el camino de tener un sistema de justicia lo suficientemente sólido como enfrentarse a los responsables de abusos contra los derechos humanos o el de protegerlos. El gobierno habla de reformas, pero las autoridades parecen más interesadas en hacer cumplir la legislación contra la calumnia que las leyes contra la tortura. Para que cambien las cosas es a los torturadores a quienes hay que ver ante los tribunales, no a las víctimas. Se debe proteger, no procesar, a quienes denuncian”, ha señalado Salil Shetty.

Se sigue informando que, al presentarle una evaluación preliminar de las conclusiones del informe, el gobierno marroquí publicó una larga respuesta en la que las rechazaba categóricamente. En la respuesta se exponían los esfuerzos oficiales por combatir la tortura, incluidas las reformas jurídicas previstas. Sin embargo, no se trataban en ella cuestiones clave planteadas por Amnistía Internacional acerca de denuncias específicas de tortura, como la falta abrumadora de investigaciones adecuadas sobre ellas.

“El gobierno afirma que la tortura es cosa del pasado. Y ha adoptado algunas medidas, pero es que incluso un solo caso de tortura representa negligencia grave. Hemos documentado 173 en todo Marruecos y Sáhara Occidental, y de personas de toda condición”, ha manifestado Salil Shetty. “La legislación marroquí prohíbe la tortura, pero para que esta prohibición tenga significado en la práctica, las autoridades deben investigar debidamente las denuncias, en vez de descartarlas sin más.”

Según aquella información, 173 sería el número de casos de tortura y otros malos tratos documentados en el nuevo informe de Amnistía Internacional; pero 21 el número de años transcurridos desde que Marruecos ratificó la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 8 el número de personas procesadas por cargos como “denuncia difamatoria”, “denuncia falsa”· “insultos públicos” y “difamación” tras haber denunciado o informado de tortura en Marruecos desde mayo de 2014; 5, el número de años de prisión a que puede ser condenada una persona por “denuncia difamatoria” de tortura; 1, el número de veces que un tribunal ha anulado una sentencia condenatoria tras reconocer que estaba basada en una confesión empañada por torturas y ha ordenado la excarcelación de la víctima de tortura, en los casos documentados por Amnistía Internacional; 1, el número de víctimas de tortura cuyo examen médico incluyó una evaluación del trauma o los daños psicológicos producidos por la tortura, en los casos documentados por Amnistía Internacional; y 0, el número de funcionarios marroquíes declarados culpables de tortura durante los “años de plomo” (1956-1999).

Por mi parte, únicamente, señalar que, las anteriores conductas represivas de Marruecos contra sus propios opositores en el Sahara Occidental, de haber sido ciertas, se habrían llevado a cabo hace ya entre diez y veinte años. Y hace unos años publiqué un artículo sobre el Desastre de Annual, en el que informaba que, en 1922 y años posteriores, murieron a manos de las tropas del cabecilla rifeño Abd el-Krim unos 14.000 soldados españoles, a los que, antes de asesinarlos, les infligieron crueles torturas y feroces atrocidades cometidas contra los españoles que los marroquíes hicieron entonces cautivos, tras haber sido ordenada aquella forzada retirada que entonces hiciera a prisa y corriendo el General Manuel Fernández Silvestre. Y, si se analizan bien ambos casos, se verá perfectamente cómo las fuerzas marroquíes utilizaron las mismas crueles formas de represión, tanto en el caso de los cautivos españoles de Annual, como los que ahora los activistas saharauis denuncian. En ambos casos se trata de métodos y formas inhumanos y atroces, reprobables, que resultan ser claramente atentatorios contra los Derechos Humanos, contra la dignidad de las personas y hasta contra el Derecho de Guerra en épocas de contienda militar. Tan horroroso estado de cosas, es de todo punto impresentable e impropio de la civilización occidental.

Ahora bien, cuando escribo, procuro hacerlo con objetividad, seriedad y rigor. Y, en el supuesto de hecho que ahora estamos contemplando, si bien se nos refiere un “Informe” de una organización sobre maltrato inhumano supuestamente emitido por Amnistía Internacional, cuya organización creo digna de la mayor fiabilidad, resulta que luego el mismo relatado es formulado por quienes dicen ser activistas saharauis, Salil Shetty y otros, cuyos prolíficos relatores parecen ser los mismos afectados quienes, a la vez, se erigen en denunciantes. Y, de esa forma, los mismos relatores parecen hacer de juez y parte, no garantizando la total imparcialidad que el caso merece para ser considerado veraz. Ya que, de hacerle caso, sin más comprobación de la veracidad que los presuntos hechos que denuncian exigen, pues nos estaríamos adhiriendo así a la causa de quien dice ser parte afectada que, a mi juicio, no debe concedersele mayor fiabilidad que la de “parte interesada” en el asunto, sin que, “ab initio” (de inicio), pueda tenerse como plena veracidad.