Acoso a la Universidad Pública

Algo ha llovido desde aquél manifiesto de los Rectores de las Universidades Andaluzas el 25 de abril de 2012 rechazando las medidas aprobadas por el Gobierno central, plasmadas en el Real Decreto 14/2012, a través del cual se aumentaban las tasas de matrícula, se cambiaba el régimen de dedicación del profesorado y el procedimiento de creación, modificación y supresión de centros y títulos de enseñanzas universitarias.

Lo que nos decían entonces los Rectores andaluces era que rechazaban, tanto la forma de elaboración de dicho real decreto, sin ningún contacto previo con las Universidades, como el fondo. Por un lado consideraban que el incremento general de las tasas de matrículas, sin una política adecuada de becas, suponía un cambio profundo en el concepto de universidad pública. Por otro, respecto a la dedicación del profesorado a tareas docente y de investigación, los Rectores mostraban su rechazo a que fuese el “sexenio”, que mide fundamentalmente la publicación en revistas internacionales, el único indicador para valorar la dedicación a la investigación, dada la pluralidad de ramas de conocimiento y la diversidad de actividades asociadas a la investigación (gestión, proyectos, patentes, transferencias…).

Sin embargo, la tozuda realidad nos ha mostrado que este plan del entonces Ministro Wert, acompañado de una política presupuestaria restrictiva, ha hecho sus efectos. Hoy, casi es unánime la aceptación de la aplicación del famoso decreto, incluso al profesorado laboral, pese a la oposición de las organizaciones sociales. Y lo del “sexenio” como forma de medir la “excelencia”, también se ha consolidado. Incluso para la normativa de traslados entre Campus, o para dirigir una tesis, lo exige la Universidad de Granada.

Pero el Gobierno de Mariano Rajoy sigue aplicando la “apisonadora” en su tratamiento del sistema público de enseñanza, gracias a que los diputados del Partido Socialista y los del grupo Ciudadanos, lo han mantenido en el poder. Los nuevos criterios de evaluación del profesorado para acceder a los Cuerpos Docentes de funcionarios (Titularidades y Cátedras), se han endurecido de tal forma, que en adelante va a ser casi imposible llegar a ellos. Sobre todo para algunas especialidades, como es el caso de Ciencias de la Educación.

En un comunicado de 15 de Noviembre de 2016, de la recién constituida Red14 de Investigación en enseñanza de las ciencias sociales, se nos alerta de que tal y como estableció el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, el nuevo sistema de evaluación transforma el anterior procedimiento cuantitativo en un nuevo procedimiento de evaluación categórica, a partir de cuatro calificaciones (A, B, C y D) más una categoría de circunstancia especial (E).

Son varios los argumentos que demuestran lo injustificado y desproporcionado de los criterios en el área de Educación en general y en el área de Didáctica de las Ciencias Sociales en particular, incluso a las demás áreas de Educación. Por un lado, los méritos obligatorios para acreditarse en la categoría A o B son inalcanzables en el área de Educación, particularmente para las didácticas específicas, y no se ajustan ni al nivel ni a la cantidad de las revistas indexadas tanto en España como en el ámbito internacional, pues la mitad de los artículos tienen que ser en autoría única o como primer firmante, lo cual es contradictorio con la investigación actual puntera que suele ser el resultado de sinergias nacidas de la colaboración entre investigadores nacionales e internacionales. Este criterio revela una concepción anacrónica de la investigación científica; el investigador individual es algo insólito. La ciencia actual nace del trabajo en equipos y de la colaboración interdisciplinar.

De la misma forma, las publicaciones tienen que ser en el área. Esto implica que a los investigadores en didácticas aplicadas no se les tendrán en cuenta siquiera los artículos que hayan publicado en revistas científicas no educativas de los campos de conocimiento de referencia aunque tengan contenido didáctico (por ejemplo de Física, Matemáticas, Historia o Lingüística). Sólo se tendrán en cuenta los de revistas del área de Educación, cuando existe un creciente interés en revistas especializadas en áreas no educativas por problemas relacionadas con la enseñanza y aprendizaje. Tal como están redactados estos criterios atendiendo a la definición de la revista y no al contenido de la investigación, se excluyen este tipo de publicaciones.

Pero es que además, los criterios establecidos para el área de Educación son inviables y desconocen tanto las características de esta área en España como los criterios que se aplican en otros países, haciendo imposible que el profesorado del Área de Didáctica de las Ciencias Sociales, como el de otras áreas (didáctica de la expresión plástica, de la educación musical, historia de la educación, etc.) puedan acreditarse a pesar del enorme esfuerzo y progreso realizado en la última década, que se ha traducido en el incremento de las publicaciones y su mejor calidad, la creciente presencia y relevancia internacional, el número de proyectos de investigación obtenidos en convocatorias competitivas que se vienen desarrollando, etc. Esta cuestión va a tener una repercusión especial en nuestro Campus, en el que abundan las titulaciones en Educación. También en el Campus de Melilla. Evidentemente, la transformación del sistema público universitario en un sistema en el que se prime lo privado, está en marcha, gracias al Partido Popular, pero con la fundamental colaboración del Partido Socialista.