Aconfesionalidad versus laicidad

Corría el mes de  marzo de 2013 cuando publiqué en este diario una colaboración titulada ‘A mucha honra’, dedicada a cierta intervención de Rubalcaba en la que caía otra vez más en alguno de los típicos y tópicos ‘tics’ de la izquierda, por cuanto en sus palabras surgía el clásico laicismo ‘progresista’ que tanto invocó Zapatero  siendo presidente del Gobierno,  confundiéndolo (o tratando de confundirlo) con el principio de la aconfesionalidad que consagra nuestra Constitución en su artículo 3

La aconfesionalidad a que alude el texto constitucional en el citado artículo ha de interpretarse en relación con lo que dispone en su artículo 16, en cuyo punto tercero se establece que en el Estado no habrá ninguna confesión oficial, si bien los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con “la Iglesia Católica y las demás  confesiones religiosas”. Se trata de una neutralidad ante todas las confesiones, mientras que la laicidad a la que tanto se alude desde la izquierda tiene un carácter sectario y agresivo contra la religión que profesa la gran mayoría de los españoles, quienes, vayan o no a misa, se declaran católicos. De las demás confesiones ni se acuerdan.
Nuestro Tribunal Constitucional se ha referido en numerosas sentencias a las diferencias existentes entre lo laico y lo neutral. Aunque en sus primeras resoluciones al respecto establecía tal diferencia en términos claros, últimamente (desde el año 2001) viene ligando la aconfesionalidad a lo que califica como “laicidad positiva” , entendiendo como negativa a aquella que  no se limita a ser neutral, sino que combate o se opone a alguna, a algunas o a todas las confesiones religiosas.
Las tesis que vino sosteniendo Zapatero, pero sin haber logrado llevarlas a la práctica, surgen ahora en distintos programas electorales de partidos de izquierdas, empeñados unos en modificar la Constitución, y otros en derogarla, abriendo un nuevo periodo constituyente, en el cual se pretende introducir en la presunta nueva norma suprema de la nación, con carácter exclusivo,   la ideología de dichos partidos, obviando por completo el famoso espíritu de consenso que impregnó la redacción del vigente texto constitucional. Se desprecian así todas las merecidas alabanzas que provocó nuestra ejemplar transición en los demás países democráticos. Hagamos un texto a nuestra imagen y semejanza, piensan, y que los otros  se fastidien.  
Ese trasfondo se percibe ahora en todo lo que se refiere a la enseñanza concertada, en gran parte llevada a cabo por instituciones religiosas o por particulares que mantienen un ideario cercano al humanismo cristiano. La concertada viene siendo objeto de una clara ofensiva, por cuanto se trata de lograr una enseñanza pública al cien por cien. Acabemos con los conciertos y con las subvenciones, y si alguien quiere que sus hijos reciban una enseñanza privada, que la paguen en su totalidad, algo que muchísimas familias no se podrían permitir. La cuestión está siendo planteada ya en la Asamblea de Madrid, a propuesta de Podemos y el PSOE y, según se dice, con el apoyo de Ciudadanos, pues así se declaró en un principio, aunque ahora hablan de introducir algunas variaciones en el texto de la moción. Como parece que el tema se va a debatir en la próxima semana, es decir, antes de las elecciones, habrá que estar muy al tanto para ver cómo se portan unos y otros.
Y, de paso, volver a su ansiada asignatura de “Educación para la Ciudadanía”, que se toman tan en serio como nosotros, los mayores, nos tomábamos a broma aquella ‘maría’ llamada “Formación del Espíritu Nacional” de los paradójicamente autoritarios tiempos de Franco.  Por algo será.