El juzgado central de lo contencioso-administrativo ha admitido a trámite la impugnación de la oferta pública de empleo de profesores de secundaria convocada por el Ministerio de Educación para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que se inician el próximo 23 de junio. La plataforma de interinos docentes (PIDOCE) presentó el pasado mes de mayo el recurso de reposición para posteriormente presentar, a través del contencioso-administrativo, una impugnación a las bases de la convocatoria de las oposiciones, que tendrán lugar este sábado 23 de junio. Desde PIDOCE consideran que las oposiciones, tal y como están redactadas, "discriminan al interino" al no darle opción para consolidar su plaza teniendo en cuenta su experiencia laboral, ya que la primera prueba de la fase oposición es eliminatoria: si el aspirante no aprueba la primera prueba memorística que, además, corrige un tribunal –no como ocurre en otras administraciones, que cuentan con un tipo test del que sale apto o no apto–, ese aspirante queda fuera.
El opositor no podría presentarse a la parte práctica que, a priori, es el apartado con el cual los interinos pueden compensar y llegar a la fase de concurso.
A su juicio, este proceso no es un concurso oposición, sino una oposición eliminatoria, y aquel que la pase opta a concurso donde presentar los méritos, experiencia, cursos y másteres cuyo peso, aún así, también ha disminuido.
Los interinos sufrieron un varapalo judicial cuando la Audiencia Nacional
desestimó la paralización de las oposiciones. Ya entonces, el presidente de PIDOCE, Luis M. Tovar, avanzó que a nivel autonómico se personarían en su causa ante la Audiencia Nacional. Hace varias semanas los interinos docentes sufrieron un varapalo judicial al no paralizarse las oposiciones En la misma línea, han advertido que además de la demanda colectiva, un importante número de interinos docentes en Ceuta han recurrido a las vías legales para reclamar sus derechos y adquirir el estatus de indefinido no fijo.
En un comunicado, la plataforma de interinos recuerda que "el objetivo encomendado por Europa era el de reducir la tasa de temporalidad al 8%, en lugar de abrir la posibilidad de enviar a más de 700.000 interinos de toda España al desempleo".
En este sentido, la organización también lamenta que las plazas que ahora ocupan interinos "en fraude" se convocarán "y muchos podrían ser cesados sin reconocerles el derecho a pagarles 20 días de salario por año de servicio".