El consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, sometió ayer a la consideración del Consejo de Administración de Acemsa que preside una posible doble salida al problema desencadenado por la jibarización del contrato de mantenimiento de las redes de saneamiento que ACC ganó con una baja del 52,5% que la Secretaría General ha acordado interpretar como de su volumen global (2 millones al año) y no de cada precio unitario, con lo que con el mismo presupuesto se podrían haber ejecutado el doble de obras cada ejercicio.
Ramos ofreció “archivar el expediente de interpretación” o “continuar con el procedimiento establecido y la ejecución del contrato hasta que no concluya el expediente”, que presumiblemente debería acabar por ese camino en manos del Consejo de Estado, ya que su dictamen se establece preceptivo “en los casos de interpretación” o “cuando se formule oposición por parte del contratista”, entre otros supuestos.
El Consejo acordó no votar hasta que se hayan evacuado los informes técnicos y jurídicos pertinentes sobre las razones y consecuencias de cualquiera de las dos alternativas, ya que entrar en la disyuntiva planteada, sin dicho fundamento, fue rechazado.
Los técnicos de Acemsa tienen claro que el listado de obras a acometer en el campo de la “renovación, cuidado y limpieza de las redes de saneamiento, fuentes ornamentales, estaciones de impulsión y demás elementos asociados” es tan amplio que no se agota disponiendo de todo el presupuesto de l licitación (8,06 millones para cuatro años) pero la Secretaría General se inclinó por dar preeminencia a una cláusula de los Pliegos que ligaba cualquier baja “a una proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas” que a otras lecturas que ceñían el precio del contrato “al resultado de aplicar la baja del 52,5% sobre el listado de precios unitarios”, que es el punto de vista que adopta la empresa.
Acemsa consumió el presupuesto de toda la primera anualidad en apenas unos meses al no conocer hasta más que mediado el año de contrato el nuevo criterio de interpretación y ACC amenazó con plantear un Expediente de Regulación de Empleo (EFE) que finalmente no formalizó pero que sigue sobrevolando sobre la plantilla del servicio si finalmente el importe real de la concesión en cada anualidad se deja en menos de la mitad del importe por el que se sacó a concurso público desde la empresa pública, en el entorno de un millón de euros.
Los responsables de Acemsa dieron ayer cuenta a su Consejo de Administración del proceso monitorio y ejecución de título judicial que ha seguido ACC contra la empresa pública por los trabajos que realizó en las redes de saneamiento desde noviembre de 2016 hasta junio del año siguiente.
El representante accidental de Caballas, Juan Luis Aróstegui, preguntó a la empresa por qué no defendió su postura en los Tribunales y simplemente se plegó a las exigencias de la contratista, a lo que el gerente de Acemsa replicó que las facturas que se le reclamaban eran correctas, por lo que no quedaba más remedio que hacerles frente.
La Administración se negó, sin embargo, a evitar dispendios en intereses de demora, costas y abogados porque, según la Gerencia, Ciudadanos había advertido al Ejecutivo de Vivas con ponerlo ante la Justicia si seguía con los reconocimientos extrajudiciales de créditos que durante un tiempo convirtió en tónica habitual de cada Consejo de Gobierno.
El representante de la formación naranja añadió que a lo que se opone su partido es a que esa sea una forma común y habitual de actuación, no si es excepcional. En este caso ACC reclamaba 1,6 millones por los trabajados efectuados pero finalmente la Ciudad pagará casi 160.000 más. Para Acemsa ha sido un éxito porque, negociando, ha ‘ahorrado’ 325.000.
El MDyC, que en su momento peleó para que el contrato se interpretase como finalmente lo hizo la Secretaría General, exigió ayer en un comunicado a Acemsa “que plantee una solución a este grave problema que su nefasta gestión ha causado y que puede afectar al puesto de trabajo de muchos y muchas ceutíes que no deben pagar la incompetencia del Desgobierno de Vivas”.
El Movimiento cree que el origen del embrollo radica en que “los gestores de la empresa municipal Acemsa hicieron caso omiso a las advertencias que se les hacía desde todos los estamentos y siguieron interpretando el contrato como quisieron, por lo que en seis meses habían consumido el presupuesto de un año en una práctica totalmente irresponsable por parte de la Gerencia de la sociedad”.
Ello “indica que se hicieron mal los Pliegos y las previsiones y que, sin tener en cuenta las advertencias que se les hacía, han actuado de una forma irresponsable, poniendo en una grave situación a la empresa pública y sobre todo a la adjudicataria”.
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