La empresa municipal Aguas de Ceuta (Acemsa), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha defendido que no ha recibido "una sola queja por escrito" por parte de los abonados, después de que este sábado se conociese en una exclusiva de este periódico que una resolución judicial obligaba a la compañía a volver a enviar sus facturas impresas.
En un comunicado, Acemsa explica que decidió "hace aproximadamente un año" y en aras de "la sostenibilidad y para agilizar y facilitar los trámites" comenzar a no emitir las facturas en papel "salvo que el abonado lo requiriera expresamente", algo, según el organismo municipal, que "se ha venido haciendo con absoluta normalidad y sin quejas por parte de los usuarios".
La propia empresa ha detallado además que desde principios de este año se volvió a distribuir las facturas en papel "a los aproximadamente 9.000 abonados que no tienen domiciliado el cobro", con lo que habrían cumplido de este modo "el compromiso que se había expresado previamente por el presidente del Consejo de Administración tanto en el Pleno de la Asamblea como en reuniones de este órgano".
En una sentencia conocida este sábado, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro, se condena a Acemsa a que “se abstenga de realizar la conducta consistente en dejar de enviar la factura por sus servicios en papel a los abonados y su sustitución sin expreso consentimiento de los afectados por la electrónica”.
El Juzgado de Instrucción número 5 estimaba así la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal contra Acemsa, por la que se considera “abusiva” y por tanto “ilícita” la conducta adoptada por la entidad consistente en dejar de enviar la factura por sus servicios en papel a los abonados, sustituyéndola “sin expreso y previo consentimiento de los consumidores afectados” por una factura electrónica.
Este sábado, tras la información de este periódico, el grupo MDyC anunciaba que exigirían responsabilidades a quienes han incumplido las leyes “y que corran con las multas en las que pueda incurrir la empresa por tan nefasta gestión”. Y es que la misma sentencia planteaba una multa diaria de 30.000 euros si después de 10 días la empresa de aguas no ha acatado la resolución judicial.
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