Acción social: ¿caridad o derecho?

Desarrollar de forma integral y de manera contundente todas aquellas medidas que permitan mejorar la calidad y el bienestar de su ciudadanía, así como solventar las posibles deficiencias de acción social, ha de ser una línea de actuación e intervención prioritaria y relevante para la acción gubernamental.

Sin embargo, nuestro Gobierno nuevamente busca transformar la realidad legislativa y constitucional en compromiso caritativo con afán de galardón.
No se trata de “vender” modernidad o de maquillar la realidad social, a través de objetivos ambiguos, imprecisos y ajustados al enfoque de la beneficencia y la tradición caritativa.  Se trata de actuar de manera inmediata y brindar a la población ceutí, con especial hincapié y atención de ese casi 47% de la población, que viven bajo el umbral de pobreza, la privación y la precariedad material, la desigualdad y la exclusión social de una alternativa real que aborde los nuevos retos con nuevas formas innovadoras de acción social y no mediante la perpetuación y persistencia de trabas y obstáculos burocráticos que impiden un proceso de inclusión y accesibilidad, basado en la equidad y la igualdad de oportunidades, real y pleno.
La fórmula mágica que nos quiere transmitir el gobierno bajo el enfoque de la modernidad y reactivación tiene en realidad una fácil y sencilla solución y es la eficiencia y coordinación, aspectos que brillan por su ausencia en la gestión del gobierno actual. La contribución del bienestar de la ciudadanía no se lleva a cabo con aparentes aires de innovación y primicias adulteradas, sino con actuaciones basadas en la igualdad y en la creación y establecimiento de criterios comunes en los que se tenga en cuenta la participación ciudadana, tanto en la detección de problemas y necesidades sociales como en la búsqueda de alternativas para resolverlas.
Pues apoyar la inclusión e integración de nuestra ciudadanía, requiere indudablemente de opciones de inversión en políticas sociales (gasto para el gobierno) que han de llevarse a cabo en concordancia con la ciudadanía y esa carta magna de cuyo nombre y derechos muchos y muchas se olvidan.
Evidentemente, la gestión actual de los poderes públicos basada en el desmantelamiento paulatino de los servicios sociales lleva implícita y explícitamente la pérdida de derechos de la ciudadanía ceutí, comprometiendo considerablemente mucho de  los principios que rigen los sistemas de servicios sociales.
El incremento de las partidas presupuestarias dedicadas a la protección social está estrecha e íntimamente relacionadas con la situación actual en correlación al auge e incremento de nuevos sectores que pasan a englobar y a formar parte de las personas en situación o riesgo de exclusión social (no es un asunto de solidaridad, sino de obligatoriedad). Prioridad, que el gobierno perfila sin embargo, como innovación de recursos maniobrando  desde la insuficiencia e incoherencia de la actuación.
Aclarar que cambiar de modelo, pero seguir perpetuando e insistiendo en la misma estrategia de “recetar” caridad y no de ofrecer a la población la atención integral que como ciudadanía nos merecemos, así como, no emplear una intervención social profesional y óptima basada en la globalidad y el bienestar de las personas, colectivos y comunidad en general, va a desembocar en el desequilibrio, la desorganización, el desaprovechamiento y la irracionalidad del sistema. Con el compromiso y respeto que la ciudadanía ceutí se merece, reivindicar y plasmar en estas líneas, que la gestión actual de esta cartera de servicios, requiere de conocimiento y de una finalidad coherente, es por lo tanto, desacertado que  quien ha de integrar excluya y que quien ha de amparar, vulnere.
Es erróneo también, que se hable de modernidad cuando se insiste en la tradición benéfica y no en el incremento del funcionamiento individual y social de las personas a través del incremento de los conocimientos y habilidades para alcanzar el bienestar social (algo así como unos servicios sociales eficientes)