Delegados de
ACAIP-UGT y
CSIF se han concentrado este jueves ante la
prisión de Loma Mendizábal una hora antes del inicio del
acto institucional convocado con motivo de la festividad de La Merced, Patrona de Instituciones Penitenciarias, para denunciar que en la cárcel de Ceuta el
personal no tiene “nada que celebrar”. En declaraciones a los medios, Mohamed Haidor (ACAIP-UGT) y José María Tapia y Juan Martín (CSIF) han reprochado a la administración el “lavado de cara” que a su juicio supone el acto oficial organizado. El ugetista ha recordado que el Ministerio del Interior ha venido “ignorando” las demandas de los trabajadores desde hace “años” y “mirando hacia otro lado” con las agresiones a los funcionarios, “uno de los principales problemas” en la prisión caballa, según Tapia. “El 2017 el ministro nos prometió que en cuanto tuviera presupuesto atendería nuestras demandas salariales y laborales, pero no sabemos nada, ni de la mejora de las retribuciones ni de avances en nuestra formación o nuestra promoción profesional”, ha criticado Haidor.
El decreto energético ha sido “el último bofetón” para el colectivo, que no va a recibir ninguna ayuda para cubrir los sobrecostes que, en la península, suponen desplazamientos diarios desde los domicilios al lugar de trabajo de hasta 100 kilómetros al día. Los sindicalistas han hecho hincapié en la necesidad de reclasificar la cárcel local con nivel 1.1, lo que permitiría actualizar su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que actualmente es la misma de Los Rosales. “Ahora mismo somos unos 240 trabajadores para atender a 312 internos, aunque los turnos ordinarios son de entre 15 y 16 personas con la población reclusa”, ha concretado Haidor. Si la prisión, que solamente tiene operativos dos de los ocho módulos residenciales que tiene, pasase de nivel 1.2.2 a 1.1 su plantilla “se duplicaría”. “Muy importante” han considerado también los sindicalistas que se tramite la consideración del personal penitenciario como agentes de la autoridad. “No cabe en ninguna cabeza que cualquier empleado público que trabaje de cara a la ciudadanía tenga ese estatus y nosotros, que lo hacemos con perfiles más complicados, no”, ha protestado Martín, que ha denunciado también la “incapacidad e incompetencia” de la administración.