El tribunal de la Sección VI de la
Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha absuelto a tres acusados de un
delito de estafa y falsedad documental. La única mujer que figuraba de acusada, B.C.S.G., ya fue absuelta en la mañana de este miércoles tras retirarse la acusación sobre ella. En el caso de los otros dos investigados, A.M.L.L. y M.O.V., esta decisión se produjo pasadas las 18:00 horas después de toda una jornada de testificales y tras alcanzarse un acuerdo extrajudicial por lo que la Acusación Particular se retiró de la causa y todas las partes renunciaron al resto de testigos citados. Estos dos acusados se acogieron a su derecho a no declarar. El
Ministerio Fiscal indicó que se había iniciado un atestado el 26 octubre de 2007 que se cierra en noviembre de ese mismo año. Al haber transcurrido más de 5 años tenía que pedir la absolución de los acusados al haber prescrito el delito. Tras este acontecimiento, el tribunal tuvo que dictaminar la absolución de los acusados ya que no existía prueba de cargo alguna.
El origen de este caso, en Badajoz
Esta
vista se ha celebrado tras una denuncia de una ceutí sobre una empresa que tenía su sede en Badajoz, la mercantil BFG Finance S.L. El objetivo de esta empresa era la reunificación de deudas de personas con dificultades económicas para que realizaran un solo pago mensual de todas sus deudas, inferior al que realmente le correspondía a cambio de una comisión.
En el año 2007, la víctima, junto con su marido, solicitaron la ayuda de esta entidad ya que estaban pasando apuros económicos y tenían una deuda de 17.000 euros. Entregó, según explicó, la nomina de su marido que apenas cobraba 800 euros y la suya de una paga que obtiene por una invalidez. En ese sentido, señaló que la financiera obligó a que firmara un documento de reconocimiento de deuda por un valor de 35.200 euros. De esa cantidad, según viene reflejado en el papel, las víctimas recibieron la cantidad de 18.000 euros en metálico. Un extremo que negaron en múltiples ocasiones en la vista oral a pesar de la insistencias de los letrados de la Defensa. Además, la denunciante especificó que la nómina de su marido rondaba los 800 euros, y que presentó documentación donde tenía documentos que venían con ese dato alterado, indicado que cobraba 2.500 euros y su firma. Un documento que ha negado las víctimas que rellenasen, y mucho menos firmasen. Además ha añadido que nunca le dijeron el tiempo máximo de devolver ese dinero y recibieron llamadas continuas exigiendo el pago. Por último aclararon que a día de hoy reciben reclamaciones de pagos sobre utensilios que ellos nunca han obtenido.
Otras declaraciones y la resolución final
En una versión similar declaró una extrabajadora de esa mercantil. Señaló que una vez que tuvo conocimiento de cómo se trabajaba en el lugar, se lo dijo a la víctima para que presentara la denuncia.
“Para mí fue intolerable lo que sabía, y si yo no colaboraba era también cómplice”, llegó a añadir. Por eso decidió testificar a favor en sede policial, y en la jornada de hoy, aunque las Defensas le preguntaron que si este cambio radical lo hacía porque había sido despedida y aún no había cobrado el finito al completo. Los policías que testificaron poco pudieron aclarar sobre la situación, ya que achacaron a que era un caso de 2007 y del que apenas recordaban nada. Solo añadieron que era una causa que presentaron ante la UDEF central, ya que fueron conocedores de otras denuncias presentas sobre la misma empresa en distintos puntos del país. Ya, por la tarde, era el turno de conocer la versión de los acusados para aclarar la situación, pero finalmente no se produjo tras un acuerdo extrajudicial que le sirvió para salir absueltos de un delito en el que la Acusación Particular pedía hasta 7 años de prisión.