Ha interpuesto incidente de recusación respecto de Raquel Lucini al considerar que se ha vulnerado el derecho a un juez imparcial
El abogado de Antonio López, José María Calero, ha dado ya los primeros pasos buscando el objetivo que ya había deslizado a los medios de comunicación: cargarse toda la investigación que ha llevado a que su patrocinado esté ahora entre rejas y acusado de ser el presunto cabecilla de una trama de corrupción con las viviendas de promoción pública.
Para ello ha presentado dos documentos. Uno recusando a la magistrada Raquel Lucini. El mediático abogado quiere impugnar su trabajo porque pone en duda su imparcialidad. No sorprende el paso dado, de hecho ya lo había avanzado. Según la documentación a la que ha tenido acceso El Faro, el abogado Calero dice “haber tenido noticias de hechos que dejan afectada la imparcialidad de la magistrada juez instructora”. Ese incidente de recusación respecto de Raquel Lucini se sustenta en dos bases, aunque solo una merece repercusión mediática, la que alude a que habría aprovechado una investigación archivada por el juzgado de instrucción número 2 sobre irregularidades en ofrecimientos de viviendas que la Policía descubrió mientras indagaba en el asesinato del apodado Ribery. Requirió al juzgado número 2 la inhibición para recibir la parte investigada. Esa inhibición fue aceptada a los cuatro días y Calero mantiene que se habría vulnerado el derecho a un juez imparcial, poniendo en tela de juicio el desarrollo de un proceso justo. Según Calero “lo verdaderamene llamativo y que hace saltar todas las alarmas es que la jueza resuelve su propia petición. Los hechos que indiciariamente revelan las actuaciones merecen ser completados para conocer en qué concretas circunstancias se produjeron, pero en todo caso revelan indiciariamente unas irregularidades, unas maniobras para acaparar el conocimiento del asunto por parte de la recusada que obviando de manera palmaria su deber de abstención, resuelve sobre una petición cursada por ella misma”.
Para el abogado de López, “tal anomalía en la actuación de un juez que resuelve sobre una petición que previamente ha librado, resulta objetivamente extraña, anómala, aberrante y es por ello completamente razonable que quienes ven sus derechos fundamentales en manos de quien ha llevado a cabo tal actuación puedan albergar fundados temores y dudas de la imparcialidad de quien actúa así, si es que finalmente puede acreditarse que lo hizo para acaparar para sí la instrucción de un asunto, demostrando un interés en su despacho o control, por razones que pudieran ser la notoriedad o la repercusión social”.
El segundo documento presentado tiene como fin solicitar la nulidad de los autos de prórroga del secreto del sumario y por tanto la nulidad de las actuaciones.
Ahora tiene que ser un órgano superior, previsiblemente la Audiencia, la que resuelva ambos escritos.
“Una desproporcionada instrucción judicial” La recusación solicitada por el abogado de Antonio López tiene fundamento en hechos que Calero considera que deben aclararse porque “si fueran finalmente tenidos por cierto y acreditados resultan de enorme significación y que deben ser tomados en consideración junto a un conjunto de irregularidades procesales en el seno de una causa que, por su relevancia o impacto social o por otras razones, ha derivado en una desproporcionada instrucción judicial, realizada en secreto adoptado y prorrogado sin fundamento”.
El abogado sustenga que estas razones que motivan la recusación justifican “un temor racional en que la imparcialidad de la responsable de la instrucción pudiera estar seriamente comprometida”.
Añade que con independencia del resultado final de las investigaciones respecto de López debe aclararse estos extremos.
Calero insiste en que “se trata de temores que resultan consistentes y no puede ser calificada de absurda o irracional la sospecha de que los hechos relatados puedan afectar al ánimo o suscitar una inclinación favorable o derivar en un interés directo o indirecto en esta concreta invetigación judicial”.
El próximo 12 de mayo, Antonio López, actualmente en la prisión del Puerto de Santa María tendrá que declarar ante la magistrada, siendo, de momento, este paso dado por su mediático abogado la última novedad en torno a la Operación Ghost y sus consecuencias conocidas en estos últimos meses.
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