El consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Emilio Carreira, ha firmado el decreto de apertura de expediente sancionador a la empresa Cepsa por los vertidos ocurridos a finales de 2014 y que provocaron daños tanto en la arena de la Playa Benítez como en las aguas interiores y exteriores del puerto, a la altura del espigón del Muelle de Poniente.
Se ha tardado exactamente quince meses en poner punto y final al expediente informativo que la citada Consejería decidió abrir al día siguiente de producirse el citado vertido.
Ahora se le ha trasladado a la empresa el contenido de las acusaciones que provocan la apertura del expediente sancionador para que hagan las oportunas alegaciones.
Hace unas semanas, el mismo consejero Emilio Carreira informaba a este medio de comunicación que, todavía los técnicos no habían recomendado en ningún momento la apertura del expediente sancionador. Sin embargo, las circunstancias se han aligerado en los últimos días, como consecuencia de que esos técnicos de Medio Ambiente ya han evaluado los daños producidos por estos vertidos de fuel y han calificado la falta como muy grave.
Todo ello, a pesar que durante estos quince meses, la propia empresa Cepsa se ha gastado más de dos millones trescientos mil euros en reparar todos los daños que causó el escape de fuel, siempre bajo la supervisión del personal de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad que es la competente en la materia.
Preguntado el consejero de Medio Ambiente, en la entrevista que se le hizo en la jornada de ayer en Cope Ceuta y Faro TV sobre a que cantidad se aproximaría la sanción que se le impondría a Cepsa en el caso que así se establezca al final por parte del instructor del expediente sancionador, señaló que dependerá del grado en que se considere la mencionada falta grave. Preguntado sobre si la evaluación de esos daños estaban presupuestados, indicó que muchas veces los entendidos no pueden traducir esos daños a euros.
Cuando se produjeron los citados vertidos se activaron todos los protocolos que marca la legislación y desde la Delegación del Gobierno se coordinaron todas las actividades a través de una comisión donde estaba la propia representación de la Administración General del Estado, la Ciudad Autónoma, la Autoridad Portuaria y la misma Capitanía Marítima. Las primeras medidas tuvieron como objetivo el buscar, de la mejor manera posible, el reducir el impacto de los daños. A esa comisión con participación de todas las administraciones implicadas se sumó igualmente la empresa Cepsa, a la que se le exigió que presentara un plan de trabajo para reparar todos los daños causados y que en poco más de un mes ya se encontraba informado por parte de los técnicos especialistas en la materia. Destacar que los primeros objetivos se centraron en frenar la salida de fuel y luego, cuando este apartado ya se había solucionado comenzaron a reparar todos los daños.
Además, fue un tema que también ocupó, en varias ocasiones, el orden del día del pleno de la Asamblea autonómica, donde desde la oposición se le exigía al Ejecutivo de Juan Vivas que mostrara mayor preocupación a la hora de los controles de las empresas petrolíferas en sus actividades. En un momento determinado, hasta Cepsa se vió obligada a suspender sus actividades de suministro a los barcos debido a las circunstancias de los problemas derivados en sus conducciones.
Daño ecológico: Tanto en la Playa Benítez como en aguas del puerto
Este último vertido que se produjo por parte de la empresa Cepsa tuvo dos lugares concretos de daños ecológicos, por un lado, en la misma Playa Benítez, donde se produjo un sufrimiento importante por parte del arenal de la zona, pero que al actuarse rápidamente se impidió que llegara hasta el mar y, luego, tanto en aguas exteriores como interiores del puerto en la zona cercana al espigón del Muelle de la Puntilla o Muelle de Poniente.
