A vueltas con el nuevo Código Penal Militar Español

En plena elaboración del borrador, trascienden algunas de las novedades La publicación en la edición de ayer de El País acerca de las principales novedades que presentaría el nuevo Código Penal Español, provocó a lo largo y ancho de la jornada un reguero de comentarios. De tal modo, y situándonos en el ámbito castrense de nuestra ciudad, cabe destacar que, a declaraciones realizadas a El Faro, fuentes oficiales de la Comandancia General de Ceuta aseguraron, con cautela, que "de manera oficial no ha llegado nada, así que el Código Penal Militar que está en vigor, y al que por lo tanto se debe el efectivo castrense español, es el aprobado en el año 1985, en concreto en la Ley Orgánica 12/85".
La Comgeceu añade en este sentido que "no tenemos conocimiento de que ni siquiera vaya a haber un nuevo Código Penal Militar o que esté en proyecto aunque sí existe un borrador de la Ley Disciplinaria", admiten las fuentes consultadas.
Así, a la espera de que puedan darse los pasos necesarios y legales en aras de que se modifique el Código Penal Militar y ante el adelanto informativo dado por el citado medio nacional, se aprecian novedades que, como es natural, redundarían en todas las plazas nacionales, incluido pues Ceuta. Uno de los cambios más significativos sería el siguiente: en pos de erradicar todo brote de xenofobia, islamofobia, racismo u homofobia que se precie, el nuevo Código Penal Militar tipificaría por vez primera como delito la conducta del superior que comete contra un subordinado "actos de acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional". La pena son seis meses a cuatro años de cárcel, así como la posible expulsión del Ejército.
Además, los tribunales castrenses, de aprobarse el borrador del Código Penal Militar en los términos en los que actualmente se encuentra, podrán juzgar a personal civil en supuestos de conflictos armados. También serían novedades que el Ejército castigara el acoso sexual con hasta cuatro años de cárcel así como que Defensa pusiera de nuevo a la Guardia Civil bajo jurisdicción militar.
En este sentido, y retornando a las reacciones, es preciso señalar que Alberto Moya, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), con más de 30.000 afiliados, tachó ayer de "inconstitucional" que el borrador de Código Penal militar pretenda volver a poner al Instituto Armado bajo la jurisdicción de los tribunales castrenses afirmando asimismo que "deben enterarse de una vez que la Guardia Civil no forma parte de las Fuerzas Armadas ni es un cuerpo de Ejército, sino un cuerpo policial". Es la segunda vez en pocos meses que Interior intenta utilizar leyes que prepara Defensa para "remilitarizar" la Guardia Civil. "Es una barbaridad y tumbaremos este intento igual que hicimos con la ley Disciplinaria de la Fuerzas Armadas, que recibió un duro varapalo del Consejo de Estado"
Igualmente crítica se mostró la Asociación Unificada de Militares Españoles, la denominada Aume, quien solicitó que se suspenda la elaboración del nuevo Código Penal Militar hasta que se apruebe la reforma del Código Penal ordinario, actualmente en tramitación por el Ministerio de Justicia, opiniones que envuelven al Código Penal Militar, una Jurisdicción que será una realidad más pronto que tarde aunque falta por saber en qué términos.