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El sargento primero O.R.P., acusado de encubridor pagó ayer la fianza de 6.000 euros y abandonó la ciudad, se le ha retirado el pasaporte
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Los testigos señalan que la actuación de J.A.A. fue intencionada
El sargento primero O.R.P, acusado de encubrimiento en el caso ya seguido en el juzgado para aclarar la agresión con arma de fuego al joven Hicham Mohamed, abonó ayer la fianza de 6.000 euros impuesta por la magistrada del número 2, abandonando así la ciudad. Destinado en Ceuta desde hace pocos meses, sobre él pesa solo la acusación de encubrimiento, al ser la persona que acompañaba al autor del disparo y permaneció a su lado marchándose de maniobras a Almería. Horas después sería detenido en la propia base militar en la que estaba asentado el destacamento de La Legión, colaborando no obstante con la UDYCO y las fuerzas policiales militares. En su caso no tuvo participación directa con la agresión y de hecho los testimonios que se conocen hasta el momento no le otorgan rol alguno de participación en los hechos ya judicializados.
En prisión preventiva permanece, y así estará hasta la celebración del juicio, el otro detenido, llamado J.A.A., sargento primero de la misma Unidad y acusado de un homicidio en grado de tentativa. En su declaración en sede judicial ha reconocido ser el autor del disparo que dejó gravemente herido a Hicham, aunque matizando que no fue intencionado, sino que hubo un forcejeo previo que terminó con el disparo que se habría producido sin tener carga de intencionalidad. Ambos detenidos estaban esa noche borrachos. De hecho el propio jefe superior de Policía, Alfonso Sánchez, atribuyó su actuación delictiva al producto de “un mal beber”.
Durante el jueves y en el día de ayer, prestaron declaración ante la magistrada del juzgado número 2 varios testigos de lo ocurrido. Son los mismos que se encontraban hace hoy una semana en las inmediaciones de la Jefatura Superior, teniendo distintos roles en todo este suceso. Las versiones que han trascendido durante todos estos días chocan en una clave fundamental respecto al reconocimiento del acusado. Una clave fundamental e importante, ya que los testigos nunca hablan de disparo accidental, sino que han aclarado desde el mismo momento del suceso que el disparo fue intencionado, tras separarse de su víctima, dirigido a Hicham sin género de dudas y precedió a una cadena de amenazas contra personas que habían sido testigos presenciales de lo ocurrido. Algunos de ellos, incluso, fueron encañonados.
Han prestado declaración las personas que vieron la agresión pero también los menores que fueron protagonistas del primer incidente y a los que defendió Hicham y otro joven más que figura como testigo.
La Policía ha presentado en el juzgado todas las pruebas e informes elaborados, destacando el trabajo de la Policía Científica a la hora de recuperar casquillos que sirvieran para aproximarse al tipo de munición empleada y conducir al arma usada, así como la hilera de testimonios obtenidos sobre el terreno. También se consiguieron imágenes de cámaras cercanas, aunque no de las que dependen de la Ciudad Autónoma.
Unas cámaras que llevan años paralizadas y que, ahora, su papel ha vuelto a recobrar actualidad. De hecho la Consejería de Gobernación ha trasladado a Presidencia un proyecto con el fin de recuperar la presencia de cámaras viarias, al menos, ya que es lo único que tienen bajo su competencia esta área, las que irían colocadas en el interior de semáforos. Gobernación defiende que estas cámaras sean controladas desde el 112. En el caso de semáforos ubicados en zonas que no tengan viviendas cercanas, podrían ser de las que ejercen un giro completo.
Las cámaras de seguridad son competencia de Interior y en su día se llegó a barajar su instalación pero fue tumbada por presión político-judicial.
La Delegación del Gobierno, encorsetada por la falta de presupuesto, no puede sufragar el gasto de ubicación de cámaras.
