La consejera de Hacienda del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, que fue nombrada gerente de Emvicesa pocos días después de la publicación de la 'lista fantasma' de las 317 VPO de Loma Colmenar tras el cese de Antonio López, ha declarado este miércoles como testigo en el juicio oral sobre la presunta existencia de una organización criminal dedicada a adjudicar irregularmente viviendas protegidas a cambio de dinero o tráfico de influencias. Ante la Audiencia Provincial ha defendido cómo se repartieron finalmente esas viviendas y ha evitado denigrar lo realizado antes.
La política, a la que su excompañera en el PP Susana Román ha denunciado por lo penal por su papel en la instrucción de la macrocausa, ha repasado con el fiscal la normativa y el procedimiento aplicable para el reparto de promociones públicas, a su juicio la Ordenanza de 2006. También las funciones de la Comisión Local de la Vivienda (CLV), a la que atribuido las competencias para elaborar listados, para responder recursos y para decantarse por actuaciones singulares, baremos o sorteo para el endoso de las casas.
Chandiramani ha detallado cómo llevó la adjudicación de las 317 VPO y la documentación que incluían los expedientes de cada potencial beneficiario de acuerdo con el Reglamento vigente, así como las funciones que tenían los trabajadores de la sociedad municipal (parte de ellos procesados como López). Por esa vía su testifical ha aterrizado en cómo se gestionaron los repartos de las 170 VPO y el “malo”, según la terminología policial, de la promoción anexa frustrado tras la 'lista fantasma'.
La exgerente ha reconocido que en verano de 2015 llegó “muchísima” gente a Emvicesa exhibiendo los famosos “compromisos” expedidos por López y “sin encaje en la normativa” en los que se “instaba” a estudiar sus casos de alguna forma especial. “La Comisión Local de la Vivienda decidió revocar todo lo anterior y empezar desde cero con las 317 VPO”, ha recordado, aunque ha evitado “calificar” lo hecho previamente. El que dirigió ella sí lo considera, “salvo superior criterio jurídico siempre, correcto”.
Interrogada por el abogado de las exconsejeras Susana Román y Rabea Mohamed, Chandiramani ha reconocido una “inconcreción sin voluntad de interferir” en sus aportaciones al sumario sobre los integrantes de la CLV entre 2011 y 2015 al haber obviado inicialmente a Guillermo Martínez, senador y por lo tanto aforado cuando se formalizó la investigación judicial del 'caso Emvicesa'.
“Yo puedo hablar de lo que yo conozco y apliqué, desconozco otros procedimientos y no me corresponde hacer análisis porque además no soy técnica jurídica”, ha evitado en repetidas ocasiones la actual consejera reprobar actuaciones administrativas como las enjuiciadas e incluso de 2006, año al que se ha remontado el letrado Javier Izquierdo, cuando Chandiramani estaba en la Comisión y se acordó el realojo vía “compromisos” de reubicación de 30 familias del Tejar de Ingenieros. “No los recuerdo”, ha dicho.
“Desconozco la validez de cualquier compromiso, yo le digo que las 68 actuaciones singulares incluidas en las 317 VPO venían respaldadas por informes”, ha insistido la exgerente, que en su momento identificó a siete adjudicatarios de las 170 VPO como ajenas al Registro de 4.950 demandantes de vivienda de Emvicesa de entonces, cifra que ha rebajado a seis debido a una confusión con la identificación del marido de la beneficiaria de una casa.
La consejera ha terminado reconociendo la obviedad de que sustituyó a Román como titular de Hacienda en el Ejecutivo local cuando la primera dimitió tras ser detenida, resultado que la defensa de las exconsejeras esgrime como prueba o indicio de que Chandiramani sacó rédito político de hacia quiénes se dirigió la causa como investigados, teoría en la que el Juzgado de Instrucción número 3 no ha visto fondo.
