Con muchas explicaciones técnicas por parte de la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, se defendió la reforma de la Tasa de Servicios Urbanísticos. En sus afirmaciones se venía a decir que era una autoimposición para que la Asamblea también abone esta tasa cuando efectúe estos servicios urbanísticos, al igual que lo hacen las empresas privadas o los particulares.
Para uno de los portavoces de Caballas, en este caso, Juan Luis Aróstegui, estaba muy claro que era una especie de “trampa” que establece el Gobierno, “porque ustedes se están quedando sin ingresos de manera muy clara y deben seguir aumentando los gastos, con lo cual se les ha ocurrido esta fórmula de autoimponerse el pago de una tasa que estaría alrededor de los seis millones de euros aproximadamente”. Para Aróstegui era una consecuencia de la política que se ha llevado estos años.
