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Reclaman crear un frente único y advierten de que adoptarán medidas legales
Nadie apoya la tasa de servicios extraordinarios de la frontera. Le han salido enemigos de todas partes: partidos políticos, sindicatos, la propia Confederación de Empresarios... y ahora quien alza la voz es la comunidad de propietarios de los polígonos. Esa tasa, emitida por el OASTCE, viene a establecer una cuota extra que se fija según los metros cuadrados de cada propiedad tanto de la 1ª y 2ª fase del Tarajal como de La Chimenea y Alborán. Los dueños de las naves se niegan a abonar más dinero en forma de impuesto y aseguran que más allá de no admitirla acudirán a los tribunales si es necesario para evitar su aplicación.
“Consideramos que se trata de una medida discriminatoria ya que afecta a un sector empresarial en concreto. Es además desproporcionada por la cuantía y desleal, ya que favorece a otros sectores empresariales”, denuncia la comunidad de propietarios. A esos calificativos añaden otro, el de “injusta, por la decisión unilateral del Ejecutivo ya que no ha contado con los empresarios afectados”, añade.
Los empresarios creen que detrás de esta imposición no solo existe un “fin recaudatorio” sino que se busca el fin del negocio en las naves, “ya que esa tasa supone la asfixia y el estrangulamiento total de la economía ya de por sí herida de muerte”.
Desde la comunidad de propietarios confían en que el Gobierno se replantee esta tasa y dé marcha atrás a una medida que, dicen, tiene “una base legal dudosa que no favorece al comercio ceutí” además de ser “ilegal e injusta”.
“Lamentamos que el Ejecutivo local no haya contado con nosotros a la hora de estudiar esta medida o tasa que nos afecta de manera directa”, añade la comunidad, que lamenta cómo siendo “el tejido empresarial más importante de Ceuta” se ha tenido que enterar por la prensa de la imposición de ésta nueva tasa. “Dado que no la compartimos solicitamos que el Ejecutivo se siente a estudiar junto a los empresarios la solución de los problemas para llegar a buen puerto y no se tomen decisiones unilaterales que pueden llegar a traer graves consecuencias para la economía ceutí”, exponen en un comunicado oficial.
“De no tomarse en consideración nuestra petición”, advierten, “estudiaremos si podemos emprender todas las medidas legales que estén a nuestro alcance contra el Ejecutivo de la Ciudad dado que la tasa perjudica gravemente los intereses de los empresarios legalmente establecidos. Asimismo hacemos un llamamiento al resto de fuerzas políticas y demás organismos empresariales (CECE y Cámara de Comercio) para buscar un acuerdo común que satisfaga a todas las partes”, concluyen.
