La pandemia ha puesto sobre la mesa los problemas de salud mental de nuestra sociedad, se han hecho visibles y están en la agenda de discusión política y social. Paralelamente ha comenzado a generalizarse el debate sobre la relación entre salud mental y trabajo, pero a pesar de que existen muchas evidencias científicas que apuntan al trabajo como una de las causas principales, son muy pocas las empresas que lo abordan con medidas que vayan a la raíz del problema, es decir, cambiando las condiciones de trabajo que afectan a la salud de la población trabajadora y, más concretamente, cambiando las practicas de gestión laboral que provocan la exposición nociva a los riesgos psicosociales.
A juicio de CCOO, esta realidad es solo una visión cosmética e interesada que diluye la responsabilidad empresarial y deja indefensa a la población trabajadora.
En estos momentos, la evidencia sobre los problemas de salud atribuibles a la exposición nociva a los riesgos psicosociales de origen laboral es muy extensa y de gran calidad desde el punto de vista científico. Los estudios de las investigadoras Niedhammer, Bertrais y Witt concluyen que estar expuesta/o a altas exigencias cuantitativas, baja autonomía para realizar el trabajo y bajas posibilidades de aplicar habilidades y conocimientos aumenta un 77% las posibilidades de padecer depresión. Si se está expuesta a alta inseguridad las posibilidades aumentan un 61% y si se está expuesto a altas exigencias cuantitativas y bajas compensaciones (bajo salario, bajo reconocimiento) hasta un 66%.
Si observamos la fracción atribuible a la exposición a algunos riesgos psicosociales de origen laboral de algunos trastornos de salud muy frecuentes, es decir, qué porcentaje de casos de una “enfermedad” se evitarían si en la población se suprimiera dicha exposición, los datos son muy relevantes, dado que España es el sexto país con mayor exposición a alta tensión (combinación de altas exigencias y bajo control) y el segundo con peores niveles de inseguridad laboral: la depresión en nuestro país se reduciría un 8,63% reduciendo la alta tensión y un 13.44% si se redujera la alta inseguridad.
En todo momento nos referimos a riesgos derivados de la organización del trabajo que se pueden evitar cambiando las prácticas empresariales de gestión laboral que los provocan: reducir las cargas de trabajo a partir de aumentar la plantilla, limitar la inseguridad mediante el aumento de la estabilidad en el empleo, establecer métodos de trabajo participativos y objetivos asumibles, reducir el conflicto trabajo/familia a partir de minimizar los cambios de jornada sin preavisos, el alargamiento de jornada o las jornadas incompatibles con la vida privada, pagar salarios que permitan cubrir las necesidades de las familias. En definitiva, asegurar unas condiciones de empleo y trabajo dignas, evitando y reduciendo la patología mental.
Esta actuación también permitiría reducir las desigualdades ya que la exposición a estos riesgos es desigual, en concordancia con un mercado de trabajo segmentado, derivado de la implementación desigual de prácticas empresariales de gestión laboral. Así, asalariados y asalariadas en puestos de ejecución (gerocultoras, operarias, camareras de pisos, cajeras, etc) presentan una mayor prevalencia de exposición a los riesgos psicosociales, que los que ocupan puestos técnicos y profesionales (asesoras, informáticas, profesoras…), desigualdad persistente durante los últimos 20 años. Y pese a que la evidencia en relación con las desigualdades de género en la exposición a estos riesgos es inconsistente por infra-estudiada, se puede afirmar que las mujeres están más expuestas al bajo control y a la alta inseguridad y los hombres al bajo apoyo y al desequilibrio esfuerzo-compensaciones.
A pesar de estas evidencias, desde CCOO seguimos constatando que en el ámbito laboral apenas se actúa sobre las causas e incluso en los últimos tiempos estamos asistiendo a un intento de sustituir la adecuada gestión de los riesgos psicosociales con acciones dirigidas a la promoción de la salud mental, que proponen hacer a la población trabajadora “más resiliente” cuando lo idóneo y legalmente exigible es hacer primero prevención y después promoción.
El proyecto de conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la salud mental y el trabajo precario hecho público ayer nos da la razón e invita a los Estados miembros, entre otras cosas, a promover políticas de empleo de calidad para combatir la precariedad y a reflexionar sobre una política adecuada para abordar los riesgos psicosociales en el trabajo basada en la Directiva Marco 89/391/CEE, adaptada a las nuevas realidades que afectan al mundo laboral, recuerda a los empleadores que tienen que incorporar de manera efectiva los factores de riesgo psicosocial en el trabajo en su evaluación de riesgos y que incluyan la salud mental en la vigilancia de la salud de los trabajadores e invita a seguir promoviendo intervenciones centradas en la organización del trabajo, en lugar de en personas concretas. Sin olvidar que el Consejo de la Unión Europea cita entre sus documentos de referencia el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de abril de 2023 que entre sus conclusiones apuesta por la aprobación de una Directiva de riesgos psicosociales en el trabajo, en la línea defendida por el movimiento sindical europeo.
Trabajar para mejorar la salud mental en los centros de trabajo sí, pero cumpliendo la normativa vigente en salud y seguridad, es decir, actuando sobre las condiciones de empleo y trabajo, moldeando las prácticas de gestión laboral para promover un trabajo decente, saludable, más justo y democrático. En este día de la Salud Mental exigimos una prevención de riesgos laborales integral y de calidad, que basada en una adecuada evaluación, elimine y actúe ante esta plaga sociolaboral llamada riesgos psicosociales.
