El Gobierno de la Ciudad prevé reactivar medidas que ya dejó encaminadas hace tres años, pero que nunca completaron su tramitación parlamentaria, como una reducción de los tipos vigentes del IPSI que grava el textil y el calzado. En 2020 la conveniencia de la bajada al 5%, como en Melilla, se justificó como una forma de evitar la fuga de empresas y de mantener el empleo del sector.
El asunto se aprobó inicialmente, pero no de manera definitiva en plena pandemia, y ahora se recupera esa aspiración. En el tiempo que ha transcurrido han cerrado algunos establecimientos emblemáticos del ámbito textil en la ciudad. Según los datos que maneja la administración, la patronal y los sindicatos, en el global del comercio local se ha producido un descenso de ventas y pérdidas de trabajadores afiliados entre el 12 y el 20% y la consecuente reducción de empresas del comercio minorista del 7,6%.
Esa deriva tan negativa se atribuye fundamentalmente a que, una vez superada la sanitaria, otras crisis se alargan sin horizonte de finalización por factores que escapan a la capacidad de intervención de la Ciudad como “el aplazamiento ‘sine die’ de la apertura de la aduana comercial” y “la constatación de que la caída del turismo de compras procedente de Marruecos no parece ser algo coyuntural”.
A falta de que el Gobierno de la Nación articule soluciones definitivas para esos desafíos, la administración local tiene que aprovechar al máximo desde el mayor consenso social y político que sea posible todas las opciones (en forma de iniciativas fiscales, inversiones, ayudas, etcétera) a su alcance para acelerar la transformación del tejido productivo local hacia otro modelo más sostenible, estable y seguro sin renunciar, por supuesto, a conservar todo lo posible de los pilares que han soportado la actividad local a lo largo de los últimos años.
