La Asamblea ha aprobado este jueves poner en marcha una medida que ya acordó implementar la Mesa de Diálogo Social de Ceuta en su última reunión: pagar a través de Procesa durante dos años a los nuevos autónomos sus cuotas a la Seguridad Social por tarifa plana. Con una inversión de unos 400.000 euros la Ciudad espera ayudar a crear 50 empleos por cuenta propia al mes.
Se trata de una política que ya se aplica en regiones como Andalucía, La Rioja o Madrid y que tendría como exclusiones que los beneficiarios no hayan estado dados de alta bajo esa figura los últimos 24 meses, no sean colaboradores o pluriactivos y no tengan cuentas pendientes con Hacienda o la Seguridad Social.
El consejero de Comercio, Nicola Cecchi, ha explicado al diputado proponente, Juan Sergio Redondo (Vox), que actualmente gracias a las ayudas de Procesa un autónomo que se da de alta por la vía de la tarifa plana en Ceuta debe abonar a la Seguridad Social alrededor de 20 euros mensuales, bastante por debajo de los 80 establecidos con carácter general, pero que “no es una cuota cero”.
El Gobierno de Ceuta prevé dedicar a esta medida 400.000 euros durante dos años y contribuir a que cada mes se dé de alta en la ciudad medio centenar de trabajadores por cuenta propia.
Redondo ha apremiado al Ejecutivo local a poner en marcha cuanto antes estas ayudas “para revitalizar un sector que está en declive y que, por desgracia, se está perdiendo de manera acelerada en la ciudad”.
Ceuta superó en 2018 los 3.500 autónomos datos de alta como cotizantes en ese régimen y llegó a la pandemia con casi 3.400, pero cerró el pasado mes de agosto con menos de 3.200.
Según los datos que manejan la administración, la patronal y los sindicatos, el número local de autónomos ha caído un 6,8%, la mayor tasa de destrucción regional de ese tipo de trabajo en España.
Para combatir esa deriva, además de establecer esa nueva ayuda “equivalente a las cuotas de nuevos autónomos a través de la tarifa plana durante sus dos primeros años de actividad”, el Gobierno de Vivas y los agentes sociales se han conjurado para “perfeccionar y proteger las especificidades fiscales y el resto de incentivos que forman parte del fuero de las ciudades autónomas”; “acometer programas dirigidos a incentivar el turismo de compras procedente de la península y fidelizar la demanda local”; y “reducir en un 50% los tipos de gravamen del IPSI a la Importación”.
