El grupo técnico constituido el pasado viernes al amparo de la Mesa de Diálogo Social acordó en su primera cita elaborar un documento para solicitar al Gobierno de la Nación junto a Melilla la derogación de las dos disposiciones legales que, en enero y julio, modificaron el anterior sistema de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla.
Los agentes sociales y el Ejecutivo local pretenden volver al marco del 50% y no a la cantidad fija mensual de 262 euros vigente desde el 1 de septiembre suplementable con subvenciones a año vencido en aquellos casos, un 20%, se calcula, en los que el saldo de la modificación sea perjudicial para el patrón.
El Gobierno de Vivas, la patronal y los sindicatos pretenden iniciar una difícil batalla, pues el viraje dado por el Estado a su política de bonificaciones a la contratación va mucho más allá de las dos ciudades autónomas y está impregnado de arriba abajo por la misma filosofía: cantidades fijas en vez de porcentajes con vigencia limitada en el tiempo y apuesta por la contratación indefinida de colectivos prioritarios.
Así, por ejemplo, se ha establecido una bonificación de 275 euros al mes durante tres años por la contratación indefinida de personas jóvenes con baja cualificación beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, una de 138 (durante toda la vigencia solo si se trata de una persona con discapacidad) por la contratación indefinida o incorporación como persona socia en una cooperativa o sociedad laboral de alguien en prácticas...
El Gobierno central cree que el vigente desde el 1 de septiembre es un sistema más transparente y menos regresivo
Las bonificaciones por contratos para sustituir a trabajadores de baja durante el embarazo, lactancia o por nacimiento y cuidado de un menor han dejado de ser del 100% y se ha establecido una cantidad fija de 336 euros.
La incorporación indefinida de personas con capacidad intelectual límite se bonifica desde principios de mes con 128 euros durante 4 años, como la de personas en situación de exclusión social o la transformación en indefinidios de contratos formativos y de relevo.
El secretario de Estado de Trabajo explicó en marzo en el Senado que el objetivo de la modificación introducida es hacer el sistema “más transparente” y “menos regresivo”, ya que con un porcentaje “se bonifica más a quien más cobra”.
Aunque el ministerio presume de haber “simplificdo y homogeneizado” los requisitos de las empresas beneficiarias, patronal y sindicatos de Ceuta consideran que el mayor lunar del nuevo marco es precisamente su “complejidad”, tanto para articular un nuevo Plus de Vinculación que reparta el ahorro que logra el empresario con el trabajador (mayor en las cuotas de cotización inferiores a 1.668,8 euros al mes, el 80% de los contratos en la ciudad) como para lidiar con el nuevo régimen de exclusiones.
