Las administraciones no escarmientan. Quizá sea porque el dinero es público y entonces no duele tanto que te den una buena mordida. Las condenas judiciales por el mal estado del pavimento continúan y además son coincidentes en sus conclusiones: el deber de velar no se cumple y los perjuicios que sufren los ciudadanos tienen un único responsable.
Se ha perdido el sentido del control así como la seriedad en las áreas que están precisamente para vigilar que las cosas funcionan. No se reclama nada complicado más allá de verificar que los recursos que tenemos funcionan como deben. Para eso tenían que haber servido aquellos famosos controladores de barriadas que finalmente solo dieron cobijo a los ‘colocados’ por los partidos hasta el punto de que ni siquiera hacían las funciones que venían en sus contratos sino que eran utilizados para otros menesteres.
Esa es la importancia que se da a una figura que debería estar atenta a cómo está Ceuta para, así, evitar las caídas de los ciudadanos (deber de protección) y cuidar que la administración no tenga que liberar partidas y partidas a abonar condenas (deber de fiscalización).
Ese vacío, esa falta de atención, provoca una laguna importante que lleva a las imprudencias continuadas que tienen lugar por resbalones, tropezones con arquetas o caídas en alcantarillas.
La denuncia ciudadana es la única alerta para que se fuerce al arreglo antes de que haya una desgracia pero el Ayuntamiento confunde el orden de prioridades. No es el ciudadano el que tiene que estar continuamente denunciando sino que es la propia administración la que debe darse cuenta de lo que falla haciendo una revisión continuada.
No lo hace, dispone de recursos pero no los emplea adecuadamente, tiene encargados que no hacen sus funciones. Las consecuencias las vemos con demasiada frecuencia, quizá la mordida por eso de que es pública no hace daño.
