El Pleno ha aprobado realizar una auditoría en dos meses sobre el estado de la limpieza viaria, en la que se recogería los pormenores económicos y técnicos detectados. Este era el contenido de la transaccional ofrecida por el consejero Fernando Ramos a la propuesta presentada por Caballas.
Una propuesta que no ha estado exenta de polémica, llegando a intervenir el propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, para negar que exista una connivencia con los empresarios de Trace. “Ni antes ni ahora la ha habido, si tiene pruebas se estaría ante un ilícito penal. Si usted los conoce, dígalos, pero no se puede dudar de la honradez de este Gobierno”, ha espetado molesto ante las declaraciones vertidas por el concejal de Caballas, Juan Luis Aróstegui.
¿Y a qué ha venido la salida del presidente? A que el de Caballas ha acusado a la Ciudad de “esconder una negligencia mantenida en el tiempo”, toda vez que no existen sanciones y que se hacen requerimientos a la empresa sin que esta haga caso. “Llevan cuatro años así”, denunció.
El consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, se ha aferrado a la crisis y a la rebaja en el precio del contrato para buscar una justificación al estado de la ciudad, aun reconociendo que Ceuta esté sucia. Aróstegui ha negado la mayor recordándole que el contrato salió teniendo en cuenta las facturas de todos los capítulos. Ramos ha negado que “haya amiguismo” con la empresa desvelando incluso que se está reclamando el pago de 1’7 millones por servicios prestados que el Gobierno no reconoce y, por tanto, no ha abonado.
