Porque seamos sinceros. Que alguien nos salve de la falsa normalidad impuesta en el Real Decreto 660/2023 de 18 de julio, ya que con él nos obliga a los empresarios a una lucha por nuestra propia supervivencia para poder mantener la posibilidad de mantener nuestros negocios con ciertas esperanzas de futuro. Aunque intenten engañarnos con una búsqueda del empleo estable, mediante … ¿La bonificación?... Miren no somos tan tontos como nos consideran y su interpretación del beneficio a nuestras empresas en Ceuta y Melilla, no se ve por ningún lado.
Porque, para empezar: ¿ahora tenemos que solicitar en el trimestre del año siguiente y esperar su concepción? Y sobre todo…estará la subvención aprobada en el presupuesto de cada año o de alguna forma u otra, siempre faltará dinero. Y mientras, por otra parte, ¿Quién nos ayuda en los extraordinarios trámites burocráticos que nos condenan a pasar y aceptar y adelantar de nuestros bolsillos un dinero que a lo mejor apenas tenemos? Además, los servicios del SEPE, al carecer de personal suficiente, obligara al retraso de los pagos que nos corresponden.
En fin… ¡Qué son actuaciones y cosas que nos obligan a esfuerzos superlativamente anormales a quienes luchamos por sobrevivir y además crear empleo! ¿Qué sentido tiene, hacernos luchar, para existir en nuestras ciudades? Luego están los gastos ya obligados legalmente, como los de la Seguridad Social que debemos abonar en septiembre y nosotros deberemos esperar a su bonificación el próximo año.
En conclusión, somos muchos los empresarios que consideramos un despropósito y un extraordinario daño a nuestro sistema fiscal consolidado. Siendo este decreto el anuncio y la imposición de un fuerte paso atrás en nuestras expectativas de futuro, que se ven perjudicadas y empequeñecidas, tanto para nosotros como para la economía de la ciudad. y sobretodo… ¡estas ayudas caducan en el 2026! Luego… ¿Por qué se cambian las reglas en periodo de elecciones para nuestras ciudades de Ceuta y Melilla, dificultando el ámbito laboral de contratación? ¿A quién beneficia y para qué? ¿Y porque nos cambian las reglas de juego en nuestras ciudades en periodo electoral, haciéndonos retroceder en el ámbito laboral los beneficios ya reconocidos?
