El Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó ayer en el BOE el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a empresas de algunos sectores que incorporen trabajadores con contratos indefinidos a partir del 1 de septiembre.
Se trata de la herramienta a la que ha recurrido el Gobierno central para compensar las pérdidas que en los incentivos con que contaban hasta ahora sufrirán las compañías locales con el cambio del régimen de bonificaciones del 50% en las cuotas patronales a la Seguridad Social para pasar a una cantidad fija mensual de 262 euros.
La administración sigue tomando decisiones sobre un asunto en el que todavía no se han puesto sobre la mesa las cifras de cuántas empresas y trabajadores salen favorecidos con esa modificación y cuántos perjudicados. La patronal y los sindicatos, que han criticado duramente la medida adoptada unilateralmente en verano, tampoco.
El empresariado recibió ayer con desilusión la medida anunciada anteayer en el Consejo de Ministros porque trae aparejada mayor carga burocrática y administrativa (las subvenciones no son como las bonificaciones, pues habrá que solicitarlas y esperar a que las peticiones se tramiten, acepten en su caso y abonen) y mayores costes: el Gobierno ha establecido que esas ayudas por la diferencia entre los 262 euros mensuales por trabajador y el importe de una bonificación al 50% se pagará a año vencido.
La medida tampoco ha restañado el peligro en el que queda el abono del 8% de sueldo que traía aparejada la aplicación del plus de vinculación que la patronal da por muerto a la espera de que por la vía del diálogo social se pueda adaptar al nuevo marco de bonificaciones.
Las nuevas subvenciones tienen, además, fecha de caducidad, hasta 2026, lo que mina la seguridad jurídica del REF. Si el cambio aplicado en enero se asume como un error se podría haber derogado, pero no se ha hecho y la falta de explicaciones es un clamor.
