El Consejo de Ministros acordó ayer una supuesta rectificación del Real Decreto con el que, en enero, cambió el marco de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social vigente en Ceuta con el objetivo de sustituir a partir del 1 de septiembre el 50% actual por una cuota fija mensual.
Después de anunciar hace pocos días a los agentes sociales que el cambio no entraría nunca en vigor y que se corregiría en septiembre, el Ejecutivo central anunció ayer no la derogación del controvertido articulado aprobado en enero, sino “nuevas subvenciones a la contratación estable” en las ciudades autónomas.
Según el Gobierno de Sánchez “incentivarán el empleo en sectores de alto valor añadido” y “la cuantía prevista puede alcanzar el 50% de las cotizaciones sociales correspondientes”.
A la espera de conocer la letra pequeña que se publique en el Boletín Oficial del Estado, no se sabe si antes o después de las elecciones generales del próximo domingo, el PP fue ayer el primero en dar la voz de alarma sobre algunas de las incógnitas de plantea la nota remitida por el Ministerio de Trabajo a los medios.
Según los de Vivas, un régimen de subvenciones sería “temporal” y dependería de la voluntad del Gobierno de turno e introducirá nuevas cargas burocráticas para las empresas de Ceuta y Melilla.
Además, conceptos “subjetivos” como el de las beneficiarias de las nuevas ayudas que gestionará el SEPE (“sectores de alto valor añadido”) generan “dudas e inseguridad jurídica”.
Lo más sencillo hubiera sido derogar el paso supuestamente mal dado, según casi todos los agentes políticos y sociales, pero el Gobierno se ha inclinado por otra salida sin dar, ni de lejos, todas las explicaciones que hubieran sido necesarias.
