El sistema autonómico, nos separa

España es grandiosa en toda su extensión, la rica historia de la piel de toro y sus islas ha dado para mucho a lo largo de los siglos, y una buena muestra de ello es la variedad de monumentos protegidos: de las pinturas rupestres a la ingeniería industrial y el modernismo, además de algunos parques naturales y del patrimonio inmaterial. Siguiendo las pautas de la UNESCO, nuestra España alberga 44 monumentos que son Patrimonio de la Humanidad, solo por detrás de Italia (49) y China (45)., además de 47 declaraciones de Patrimonio cultural y 18 de Patrimonio Inmaterial, siendo Castilla y León la región del mundo con más sitios elegidos, 8 en total, y Andalucía con 4 , entre ellos la Alhambra, el más visitado España y al final de la lista el País Vasco con un solo monumento con la consideración de histórico artístico: el puente que cruza el Nervión y que permite el paso entre Portugalete y Bilbao, incluido en la cosecha histórica de la UNESCO en 2006.La Historia a la vuelta de la esquina. Usted puede pasear por las Castillas en cualquiera de las mesetas y enseguida se dará cuenta de la Historia, de nuestra Historia le envuelve, de igual manera le ocurrirá en Andalucía o Extremadura o Valencia, sin embargo a ninguna de estas regiones se la considera popularmente como “histórica”, lo que estimula la ignorancia supina de quien así lo predica al insinuar que es porque carecen de Historia o la que tienen no lo es con la suficiente entidad. Yendo de lo popular a lo político, el País Vasco con su puente sobre el rio Nervión, y con residuos de la primera guerra carlista, políticamente ha obtenido el marchamo de “histórico” apoyándose en la CE que en su Disposición Adicional Primera dice: “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”. Navarra y el País Vasco, enfundados en los territorios forales, pasan a ser territorios “históricos”, aunque hay un abismo, pues en esencia se han confundido derechos históricos con territorios históricos, y eso claro encaja políticamente, aunque no sea cierto. Por otra parte considero que la actualización general de dicho régimen foral que ha de llevarse a cabo en el marco de la Constitución debería llevar a abolir dicho régimen, que solo sirve como base de unos privilegios para alejar la igualdad de todos los españoles que pregona la Constitución en su artículo 14, y no tener que dirimir si es más histórica la Comunidad Navarra que la de León la de Aragón que la de Castilla o la de Andalucía que la de Valencia. En la España actual todas las regiones pueden denominarse “históricas”, todas tienen una gran Historia a sus espaldas, lucharon contra el invasor musulmán a partir del 711, se implicaron en el descubrimiento, la conquista y la evangelización de América, el mayor logro mundial de una nación, lucharon contra el francés desde 1808 durante seis años, y de guerras civiles , creo que vamos bien servidos, y como resultado de todo ello aparece una Nación con raíces históricas muy profundas, asentada en un solar con un patrimonio cultural, inmobiliario y lingüístico de primer orden.

Sin embargo no hemos conseguido avanzar con el paso que una nación de nuestra categoría merece. Culpa del pueblo español y sus dirigentes. Después del paso de dos repúblicas, numerosos monarcas, regencias, dictaduras y siete Constituciones desde 1812, no estamos al nivel que el país merece en el contexto internacional. El último intento de estabilizar y hacer progresar la nación se ha sustentado en una monarquía parlamentaria y una Constitución, la de 1978. Esta Constitución, después de casi 43 años de andadura, empieza a tener fallos graves que ya eran conocidos antes de su puesta a navegar, y ahora se prefiere no enmendarlos ante la posibilidad de que toda la estructura se venga abajo. La parte más débil de esta estructura es la contenida en el Título VIII referido a la Organización Territorial del Estado, en la parte concerniente a las Comunidades Autónomas a las que se le atribuyen competencias propias y otras cedidas por el Estado por conveniencias políticas para afianzarse en el poder el partido cedente.

Dos graves problemas se presentan en la distribución actual de competencias a las autonomías. De una parte la falta de eficacia, eficiencia y economía en la gestión de la competencia cedida o propia. Y de otra el uso político que se hace de esa competencia y que sirve de barrera al resto de españoles no residentes en esa autonomía, lo que incide en la separación cada vez mayor de los ciudadanos.

En relación con la eficacia de la gestión de competencias, es claro que hay competencias que por su naturaleza nunca han debido ser cedidas, como la Educación, la Policía, la Sanidad, la Justicia porque se convierten en 17 soluciones diferentes. No es necesario ahondar porque en el tiempo que llevamos de rodadura se ha constatado lo absurdo de tener 17 regímenes distintos de educar, fundamentalmente en las comunidades con una lengua complementaria a la del Estado. O el tener policías autonómicas cuando la información concerniente a la seguridad de las personas se obtiene de una manera más completa desde una información centralizada y para las cuestiones de índole local, ya se tiene a la policía municipal. La Guardia Civil y la Policía Nacional, bien pertrechadas son el mejor seguro contra la delincuencia para la sociedad en todo el territorio nacional. En cuanto a que la Sanidad tenga la misma calidad y facilidad de acceso en cualquier parte del país, en la pandemia reciente se ha visto con mayor claridad y al no estar centralizada debería haber existido un competente órgano de coordinación, siendo el Estado el que debería haber sentado unas bases para todas las CC.AA con objeto de solucionar los problemas del personal sanitario, la fuga de profesionales, la precariedad laboral, los contratos de poca duración. La respuesta a estos problemas debería haber sido con criterios y decisiones centralizadas para que las comunidades tuvieran el mismo marco de referencia. Sin embargo el Gobierno además de no resolver estos problemas ha incidido gravemente en la dicotomía sanidad pública versus privada, en vez de coordinar y aunar los esfuerzos de ambos sectores.

La duplicación de organismos como tribunales de cuentas, consejos miles, multiplicación de funcionarios en las autonomías, hace que la maquinaria administrativa no funcione con la calidad y agilidad precisa y la encarezca innecesariamente. Todo ello redunda en las obstrucciones a las empresas en el mercado interior si se tienen que solicitar permisos con objeto de realizar actividades con requisitos que son diferentes de unas Comunidades a otras. Cada Comunidad es dueña de sus “chiringuitos”, se enseñorea de ello y no los suelta. Así se llega a múltiples absurdos, como el de tener que solicitar una licencia para pescar, diferente en cada comunidad, en contra de los principios económicos ya citados y en contra de una responsable gestión económica.

El sistema autonómico actual por su falta de coordinación estatal y no tener algunas competencias esenciales centralizadas, no se aprovecha de las denominadas economías de escala, consumiendo un gasto público inasumible. En las próximas elecciones generales se va a dirimir si España prosigue un trayecto, como ahora, cada vez más alejado del Estado de Derecho, mientras la economía y el gasto público funcionan –pésimamente- al margen de la eficiencia; o bien, recupera su senda seriamente constitucional y afronta su futuro económico con el rigor debido y sin la innecesaria duplicación de organismos. El actual sistema es muy endeble al no abordarse desde el punto de vista de la eficacia, eficiencia y economía en la gestión administrativa. Sin embargo las consecuencias en el plano político son infinitamente más graves.

La bandera nacional y los símbolos de todos son menospreciados o no utilizados incumpliendo la ley

Las CC.AA han sido estudiadas concienzudamente para desunir y separar de la Nación, principalmente las regiones con más de una lengua oficial. Inicialmente País Vasco y Cataluña y posteriormente todas las que puedan seguir teniendo en cuenta el éxito de las dos primeras. Esta tesis que en el inicio de la Transición estaba soterrada, porque necesita un tiempo de comprensión y asimilación de los ciudadanos, en la actualidad ha emergido con toda su fuerza. Para su logro es necesario dinero, mucho dinero. El País Vasco lo obtiene con el timo de los derechos históricos, el 6,24 % de lo recaudado es lo que paga el País Vasco por la Ley del Cupo. El cupo se evalúa quinquenalmente y son miles de millones de euros los que no ingresa en la Hacienda nacional. Cataluña está incesantemente pidiendo y el Ejecutivo de turno, entregando dinero a espuertas a la Generalidad de Cataluña, que tiene la mayor deuda de España. La deuda pública en Cataluña en 2022 fue de 84.327 millones de euros, habiendo aumentado su deuda en 1.955 millones desde 2021.

Ese dinero se emplea para confrontar políticamente en contra del Estado, a pesar de que los presidentes de las Comunidades son la principal autoridad del Estado en esas Comunidades. Para esa confrontación se hace uso de las competencias obtenidas, principalmente mediante el uso intensivo de la lengua regional en el sistema educativo con un sistema de control sobre los alumnos, incluso en sus ratos libres, más propio de una organización nazi. La lengua se utiliza de frontera, no como medio de comunicación, de esa manera impone para el acceso a los puestos de trabajo de sus Administraciones y de todas las instituciones que de ellas dependan, unos requisitos en los niveles de lenguaje que solo pueden alcanzar los estudiantes y trabajadores residentes en esas comunidades, que no tendrán problema alguno en acceder al resto de comunidades, obstaculizando sin embargo a los procedentes de otras comunidades por la prevalencia de los citados requisitos. El Ejecutivo, socialista o no, “ayuda” en lo que puede, en Diciembre de 2018 (BOE de 28/12/2.018) se publicó una Resolución del Instituto Cervantes sobre el Convenio con la Universidad del País Vasco para la formación de profesorado en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera. También ese dinero se utiliza ampliando delegaciones en el exterior completamente innecesarias desde el punto de vista diplomático, ya que no tienen ese estatus, pero sirven para atacar a España desde el exterior. En otros casos, la cesión del sistema penitenciario para ayudar a extinguir las penas de los reclusos según criterios políticos, como es el caso de penados de la banda asesina ETA en el país Vasco o de los golpistas en Cataluña.

En la actualidad, cualquier motivo es bueno para atacar a España .La bandera nacional y los símbolos de todos son menospreciados o no utilizados incumpliendo la ley. En Cataluña cualquier vestigio que pueda vincular a Cataluña con el conjunto del país va a ser borrado de la memoria colectiva de los catalanes, conforme auguró el presidente Quim Torra. Por ello, en el Palacio de la Generalidad, sede del Gobierno catalán, el 2 de Mayo se comenzó a borrar la memoria histórica de sus paredes, quitando las pinturas centenarias que decoraban el emblemático Salón San Jorge, construido por Pedro Blai, y que representaban diferentes episodios de la Historia de España. El sueño de este botarate costará 2.348.131,11 euros y aun cuando el coste económico es inferior al daño moral infringido, no hay que olvidar que lo pagamos todos los españoles.

No es de extrañar que, además, vengan desalmados terroristas como el tal Petro a leernos la cartilla y decirnos que “España se ha convertido en una dictadura en Cataluña”, o que “Colombia luchó contra el yugo español “y le otorguemos la mayor condecoración del Estado, le regalemos unos millones de euros, y del Rey abajo casi todos le aplaudan. Dudo que tengamos solución.